A medida que crecemos en población y economía, el desarrollo basado en la explotación de recursos naturales y su transformación a extensas zonas agropecuarias también se expande. Parece aceptable este enfoque, porque la seguridad alimentaria lo amerita, y también porque se busca consolidar la economía basada en la exportación de alimentos, energía eléctrica, gas y energía nuclear; pero ¿a qué precio?
Aún no hemos dimensionado el costo real de los impactos que devienen por este tipo de desarrollo. Lo cierto es que actualmente la inmensa riqueza natural que nos posiciona mundialmente entre los países más megadiversos sufre al menos una docena presiones originadas por el desarrollo de la infraestructura (caminos, crecimiento demográfico, presas, hidrovías), la entrega de derechos para la explotación en diversos ámbitos (forestal, minería e hidrocarburos), el cambio de uso de suelos (quemas e incendios, deforestación y uso agropecuario) y el cambio climático.
Nuestra actitud frente a esta adversidad es muy conservadora y endeble. Las áreas protegidas han constituido una respuesta favorable ante esta presión, pero no suficiente. Los territorios indígenas, con sus propias particularidades, han contribuido a formar una suerte de barrera a las presiones, y los sitios Ramsar, a pesar de su reconocimiento, no han podido avanzar en su gestión. Asimismo, los servicios ecológicos que proporcionan las áreas protegidas, de los cuales dependemos para un desarrollo sustentable, aún son poco conocidos.
Ambientalmente nuestros bosques están subvalorados. Si bien la actual capacidad de almacenamiento de carbono es alta, también es cada vez más sensible a una paulatina pérdida.
Asimismo, la alta riqueza de especies de flora y fauna que posibilita una calidad ambiental óptima no cuenta con una estrategia plausible para su conservación. La disponibilidad de agua, que parecería ser suficiente por ejemplo en la Amazonía, paradójicamente es el recurso menos accesible. En promedio, tres de cada diez bolivianos no acceden a este recurso vital (INE, 2012); y si ahondamos el análisis en agua segura y accesible todo el año, esta cifra podría sorprender.
Debería preocuparnos el hecho de que el actual modelo de desarrollo no considera la vulnerabilidad del país frente a la pérdida de beneficios ambientales. La disponibilidad de agua, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático depende de los bosques y de cada árbol que aún persiste en cada área verde de nuestros barrios, ciudad y país. La esperanza siempre está puesta en niños y jóvenes que ya cuestionan nuestro accionar. Requerimos de una catarsis ambiental para reflexionar sobre la calidad ambiental que les estamos dejando.
