En lo que va del año, al menos 280 vicuñas han sido asesinadas y desolladas en el altiplano boliviano, particularmente en 20 comunidades de cinco municipios de Oruro y dos de Potosí, según alerta el último reportaje de Informe La Razón, publicado ayer con base en datos de las gobernaciones de esos departamentos y testimonios de las poblaciones afectadas.
No sobra recordar que en 1969 la vicuña llegó a engrosar la lista de especies protegidas por la Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (Cites), pues por aquel entonces estuvo al borde de la extinción por las mismas razones que hoy amenazan su supervivencia en el país: el hecho de poseer una de las fibras más finas y suaves del mundo, que dentro del territorio nacional puede costar hasta Bs 2.200 el kilo, mientras que en el exterior su precio puede exceder fácilmente los $us 500 el kilo.
Este elevado precio ha dado lugar a la presencia de un número cada vez mayor de delincuentes que se dedican a la caza furtiva de este precioso animal, motivados no solo por amor al dinero, sino también por la descarada impunidad en la que operan quienes se hallan metidos en este ilícito negocio. Por caso, según pudo constatar este diario, los cazadores utilizan motocicletas y armas de fuego y trabajan en grupos para dar muerte a las vicuñas. En cambio los vigilantes, que se pueden contar los dedos de una sola mano, se trasladan a pie y armados solamente con palos, es decir en total desventaja frente a los delincuentes, quienes no dudan en abrir fuego contra las personas cuando se ven descubiertos.
Además, cuando los comunarios (nunca efectivos policiales) logran identificar a un sospechoso, el Ministerio Público opera con la indolencia a la que nos tiene acostumbrados, ora por la falta de pruebas, ora porque nadie se da el trabajo de hacer andar sus corroídos engranajes. Esta indolencia judicial también se puede observar en los lugares donde se comercializa la fibra de vicuña, entre otros productos ilegales, como en la Feria 16 de Julio de El Alto, en la que se puede adquirir la preciosa lana a la vista y paciencia de las autoridades, esto pese a que el DS 28593 establece que solamente las comunidades que crían estos animales pueden vender su fibra.
Ahora bien, habida cuenta de la gran impunidad en la que operan los cazadores furtivos de vicuñas y de otras especies en peligro de extinción, poniendo en riesgo no solamente la biodiversidad de la región, sino también una de las principales fuentes de ingreso de los pobladores que dependen de la lana de estos animales, sería deseable que desde el Estado se promueva la creación de reservas que permitan preservar y criar a las vicuñas con un mayor control, a tiempo de promover la industrialización y comercialización de su preciosa fibra, tal como ocurre actualmente en Chile y en Perú.
