En reiteradas oportunidades se ha cuestionado desde este mismo espacio sobre los graves perjuicios que el bloqueo de calles y carreteras genera a la población y al país. Y es que además de impulsar una mayor división entre la ciudadanía, este tipo de medidas no perjudican a los funcionarios responsables de tomar las decisiones, sino a los sectores más vulnerables, amén de boicotear la economía y el bienestar de la población en general.
Por ejemplo, el lunes, a raíz de la interrupción del flujo vehicular en distintas arterias del centro de La Paz, Verónica Guarachi tuvo que cargar varias cuadras a su hijo enfermo de dos años rumbo al Hospital Materno Infantil. Mientras que Zenón Canaviri, un adulto mayor jubilado, no pudo trasladarse al Hospital Gastroenterológico de Miraflores por la falta de transporte. A su vez, Celso Huampo, estudiante de Medicina, no llegó a tiempo para rendir un examen. Como ellos, muchos otros ciudadanos se vieron afectados por esta arbitraria medida de presión. ¿Y ahora quién se hace cargo de estas contrariedades y perjuicios? ¿Y qué del dolor y las complicaciones de las personas que necesitaban atención médica con urgencia? Ojalá los choferes se hagan al menos estas preguntas a la hora de evaluar el “éxito” o fracaso de su bloqueo en demanda de un incremento en las tarifas del transporte público.
