Aunque no ha pasado la catarsis boliviana sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que se declaró competente en la demanda interpuesta por Bolivia contra Chile, la euforia parece no tener fin en un conflicto muy delicado y vital para el país, que amerita la mesura especialmente de las autoridades.
Hizo bien el presidente Evo Morales, minutos después de la decisión de los jueces, en convocar por enésima vez al diálogo con el gobierno de Michelle Bachelet cuya negativa recurrente fue evidente a la vez, con el argumento de que la propuesta no es compatible con el juicio.
Sin embargo, las buenas intenciones dejaron de ser tales con el recrudecimiento del clima de tensión, si bien típico entre los gobiernos de ambos países, innecesario ante la contundencia de la decisión de 14 magistrados que consideraron válida para su jurisdicción la demanda de Bolivia que pretende que la CIJ disponga, para el cumplimiento por parte de Chile, “la obligación de negociar” con Bolivia una salida soberana al océano Pacífico.
No fue grato, por ejemplo, escuchar del presidente Morales su insinuación de que el canciller chileno, Heraldo Muñoz, vaya a un psiquiatra. Aunque es obvio que Santiago magnifique una declaración de esa naturaleza, el funcionario consideró esa alusión como un insulto, que seguramente lo divulgará en cualquier foro que acuda, mucho más ante una opinión internacional que comprendió a estas alturas del último forcejeo bilateral la dimensión del derecho boliviano de volver al mar.
Nos habíamos quedado con el “nos vemos en La Haya” de Muñoz, que fue la prueba de la soberbia trasandina de antes del fallo de la CIJ comparable a la de “auquénidos metamorfoseados” que pronunciara sobre los bolivianos aquel penosamente recordado vicealmirante Toribio Merino, cancerbero del dictador Augusto Pinochet. Pero los cruces verbales de las últimas semanas no contribuyen a los propósitos del país, que se muestra al mundo como una nación violentada por el expansionismo chileno y pacífica por idiosincrasia y mandato constitucional.
El país necesita un clima distensionado y prudente ante los detractores trasandinos, incluso para su propio fuero. Así, no es sano ni sensato que la oposición del Gobierno —como lo hizo veladamente Samuel Doria Medina— pretenda desconocer la iniciativa de Morales sobre el juicio, cuyos primeros pasos son destacables, al atribuir la gravitación en el caso de solamente los expresidentes Eduardo Rodríguez Veltzé, el agente ante la CIJ, y Carlos Mesa, el vocero internacional de la causa boliviana.
Tampoco es sano que, por intereses políticos ajenos a la demanda marítima, funcionarios del Gobierno como la ministra Marianela Paco o Idón Chivi, por citar algunos, ataquen a Mesa —quien cumple un rol cívico y patriótico ponderable en la causa— incluso aludiéndolo de “antipatriota (sic)” por no respaldar la eventual repostulación de Morales.
Y menos, el uso electoral del proceso en la CIJ y la demanda, como Chile siempre intentó hacer creer, con miras al inminente referéndum para la modificación de la Constitución Política del Estado y la consiguiente habilitación de las candidaturas de Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
El camino al juicio de fondo en la CIJ, en aras del difícil retorno al mar, requiere de la mesura de los bolivianos, que puede evitar las fisuras internas en torno a la causa, más allá del interés por desahuciarla por parte de las autoridades y los políticos conservadores chilenos.
