Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte que el matrimonio forzado de niñas y adolescentes es una práctica corriente en el país, y no solamente en comunidades indígenas del oriente, sino también en otras regiones. Por caso, en julio se cuestionó desde este mismo espacio la intención de obligar a una muchacha de 13 años, con ocho meses de gestación, a contraer matrimonio con su presunto violador, un hombre de 28 años, en la comunidad tarijeña de San Jacinto Norte.
Ahora bien, no sobra recordar que los matrimonios precoces truncan el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, al obligarlas a abandonar prematuramente sus estudios a cambio de vidas sometidas a la voluntad de sus parejas y el bienestar de sus hijos. Además, contribuyen a legitimar la violencia sexual, amén de impulsar a otros varones a violar a muchachas solteras con la esperanza de que sus familiares las obliguen a contraer matrimonio con ellos para borrar la “afrenta” familiar. Y a todo ello se debe añadir que, según estimaciones de UNFPA, las adolescentes tienen dos veces más probabilidades de morir durante el embarazo o parto. Por todo ello, es de esperar que el informe de la Defensoría se traduzca en una política de Estado orientada a combatir los matrimonios forzados en todo el territorio nacional.
