Estos días recordé al profesor Przeworki, politólogo polaco. Nunca me encandiló su definición de democracia, y eso que soy afín al minimalismo: “the only game in town”, esto es, los actores políticos relevantes consideran que la democracia es el único juego aceptado en/por el pueblo. En cambio, me atraen sus reflexiones sobre el diseño institucional del gobierno democrático bajo el supuesto de que su tarea es maximizar el bienestar común como resultado de la interacción entre las diferentes entidades estatales. Una interacción que reposa en la independencia de poderes bajo la modalidad de “frenos y contrapesos” para impedir que la concentración de poder en el Ejecutivo derive en decisiones arbitrarias.
Esos dispositivos son importantes en un régimen de presidencialismo de mayoría, como el que rige en Bolivia desde hace una década. Una década signada, desde 2010, por el desafío de la edificación del Estado Plurinacional que tiene elementos novedosos, como el reconocimiento de la entidad electoral como Órgano del Estado. Ese hecho adquiere una inusitada importancia porque pone de relieve aquello que el profesor polaco define como controles “multipartidario” y “contramayoritario” para referirse a los frenos y contrapesos, un tema de intenso debate debido a la iniciativa oficialista para reformar parcialmente la CPE en pos de la habilitación de Evo Morales a las lejanas elecciones de 2109.
Existen dispositivos institucionales para regular las acciones del gobierno que se definen como “control multipartidario” y “contramayoritario”. El control multipartidario se refiere a la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y depende de la distribución de fuerzas parlamentarias. En el caso boliviano, la mayoría oficialista anula el accionar de la oposición, cuya capacidad para influir en las decisiones del gobierno es irrelevante. El control contramayoritario depende de los actos de las autoridades estatales encargadas de velar por el respeto a las leyes sin someterse a los dictámenes del partido que maneja los órganos Ejecutivo y Legislativo. Su fortaleza radica en su independencia, porque no fueron nombrados directamente por la mayoría política ni su presencia en los cargos coincide con el periodo gubernamental. En el caso del Estado Plurinacional, los encargados de “control contramayoritario” son los órganos Judicial y Electoral, aunque ambas instituciones cargan un lastre provocado por la inutilidad de la votación popular para renovar el poder judicial y por el magro desempeño del anterior Tribunal Supremo Electoral (TSE). Es decir, ambas entidades tienen desafíos para recuperar o reforzar su legitimidad en medio de la pugna entre oficialismo y oposición.
Hace un par de semanas empezó una intensa interacción entre los órganos estatales a partir de la iniciativa de reforma propiciada por el oficialismo, y su mayoría en la Asamblea Legislativa, para abrir la posibilidad de extender la permanencia del presidente Evo Morales al mando del gobierno. Precisamente la primera versión de la pregunta del referéndum fue confeccionada por la mayoría parlamentaria oficialista y remitida al TSE que, a su vez, sugirió un texto modificado que, pese a ser cuestionado en principio, fue aceptado por el Órgano Legislativo para su remisión al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). A su vez, el TCP admitió la pregunta y debe pronunciarse al respecto en la primera quincena de noviembre para definir el curso del referéndum. Las decisiones de los miembros de ambos órganos están bajo la mira del oficialismo y de la oposición (y de la opinión pública en general) y sus actos y resoluciones serán motivo de un intenso debate acerca de la calidad de la democracia. El profesor polaco es escéptico sobre el tema de la calidad de la democracia, porque no asume posturas normativas. Yo tampoco.
