La bancada oficialista ha repuesto el tratamiento del proyecto de ley que fue presentado el año pasado por el Ministro de Economía para endurecer las sanciones contra quienes no emitan factura. Actualmente los negocios que incurren en esta irregularidad son suspendidos seis días en la primera contravención y 48 días a partir de la cuarta. No obstante, con la nueva norma este rango se incrementaría de 10 a 150 días, además de otras multas y sanciones como el cierre definitivo de los surtidores que no emitan factura. Como es de suponer, al igual que el año pasado, los gremiales y otros sectores que se verían afectados por esta norma rechazan su aprobación y han anunciado medidas de protesta.
Ahora bien, no sobra recordar que es fundamental que todos los sectores que generan ingresos aporten al Estado, para que éste a su vez pueda proveer servicios y prestaciones a la ciudadanía. Sin embargo, la creación de una cultura tributaria pasa no solamente por medidas coercitivas y mayores sanciones, sino también por incentivos y facilidades para todos los contribuyentes. Y es justamente allí donde está fallando el Estado, que se ha especializado en cobrar y en encontrar multas antes que en premiar a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, lo que a la postre puede incentivar una mayor informalidad.
