La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia ha solicitado al Gobierno que entregue a sus afiliados nuevas concesiones y maquinaria moderna para poder sortear la crisis que actualmente atraviesa el sector, debido a la caída del precio de los minerales, pero también porque los yacimientos en sus manos ya están agotados y necesitan explotar nuevas áreas.
Habida cuenta que los cooperativistas lejos de contribuir al desarrollo constituyen un pesado lastre para el país, en tanto generan enormes impactos medioambientales y sociales, además de que sus aportes en favor de las arcas públicas son ínfimos en comparación a las prerrogativas estatales que reciben, antes que acceder a este nuevo pedido, las autoridades deberían aprovechar esta crisis para sentar las bases para una interacción distinta entre los sectores mineros y el Estado.
En efecto, independientemente de cómo se comporten los precios de los minerales, el Estado sale perdiendo de una u otra forma. Y es que cuando las cotizaciones caen, todas las soluciones deben venir del Gobierno, tal como está ocurriendo actualmente. Pero cuando son altas, los cooperativistas no solo siguen recibiendo beneficios del Estado a través de concesiones mineras, créditos, exenciones tributarias, maquinarias, etc., sino que, peor aún, se reproducen como langostas, desplegando sus actividades sin ninguna consideración por el medio ambiente ni con el resto de la población. Como resultado de ello, según alerta un reciente estudio del Banco Mundial, al menos 11 cuencas hídricas del país se encuentran severamente contaminadas por efecto de la minería; y lo propio ocurre con al menos 21 fuentes de agua potable, que abastecen a extensas poblaciones del occidente del país.
Además de estas amenazas hídricas, que devienen por la liberación de sustancias tóxicas y metales pesados hacia ríos, lagos y arroyos próximos a las zonas de operación, pero también por el uso excesivo del agua en las operaciones mineras, cabe recordar que esta actividad deteriora severamente la fertilidad de los suelos, pastizales y cultivos; amén de afectar la salud de las poblaciones aledañas. Por este motivo la supervivencia de decenas de los pueblos originarios está hoy amenazada, ora porque se están quedando sin recursos al ser cada vez más arrinconados por los cooperativistas (como los Urus y Chipayas), ora porque su salud, al igual que la de sus animales, se está deteriorando aceleradamente por causa de la contaminación de la minería.
Por todo ello, la crisis que hoy atraviesa el sector minero constituye una inmejorable oportunidad para replantear la actual relación entre el Estado y los cooperativistas, centrada en torno a la maximización de la renta minera privada, de tal manera que esta actividad se desarrolle bajo una visión más equitativa con la sociedad y más respetuosa con el medio ambiente.
