Si bien un sistema tributario económico es de suma importancia para un país, cualquiera sea su ubicación geográfica, no menos cierto será para Bolivia que está tratando de salir del subdesarrollo, aunque el último lustro hubo un marcado crecimiento económico de la economía expresado en el PIB, además ratificado por organismos internacionales.
Para este efecto el sistema tributario boliviano, que está constituido por el conjunto de impuestos existentes en el país, tiene problemas en los ámbitos espacial, que es el territorial, y temporal, que representa el tiempo de vigencia de dicho sistema.
Es cierto que la Ley 843 creó impuestos que hasta ahora se aplican en el ordenamiento jurídico tributario, modificado posteriormente con la Ley 1606 del 20 de diciembre de 1994 y las de 2003 con el nuevo Código Tributario, éstos constituyen el marco normativo vigente en el país.
Es entonces que el Código Tributario, si bien es parte importante del modelo económico, tiene limitaciones, porque al crear exenciones, deducciones y devoluciones con el propósito de ser progresivo, resulta más bien regresivo, ya que las personas o empresas con mayores ingresos pueden evadir impuestos a través de estos instrumentos que pretendían beneficiar a los menos favorecidos. Estos elementos que distorsionan el sistema de impuestos son los que impiden tener una mayor base tributaria que responda a las demandas de nuestra sociedad, al mismo tiempo son los que impiden de manera directa o indirecta la formalización de nuestra economía, ya que el sector informal no está ajeno a la estructura del sistema tributario, en el entendido de que si ampliamos el universo con estos contribuyentes que en este momento desean aportar al Estado, pero en condiciones que sean beneficiosas tanto para ellos como sujetos pasivos de un impuesto, como también para el Estado como acreedor del tributo, se mejorarán los ingresos tributarios para el Tesoro General de la Nación, de manera que le permitan cumplir con los fines consagrados en el Código Tributario.
En este contexto, el sistema tributario boliviano deberá ser modificado de manera que sea más efectivo, y no tan sancionador. Esta tarea necesariamente deberá ser estudiada por las instituciones que tengan las competencias establecidas por la ley.
Así, de esa manera, cumplir también con lo que señala la Constitución Política del Estado respecto a principios en política fiscal, y además buscar la justicia social de los bolivianos, expresada en la misma Carta Fundamental.
