Después de una década en la que el discurso oficial sobre la buenaventura de la economía del país acaparó la atención de propios y extraños, la caída de precios de los commodities en el mercado internacional y la cercanía de un acto plebiscitario que tiene que ver con la continuidad del régimen, provocaron que los anuncios adquieran un tono más pragmático.
Comibol, con actitud muy positiva, anunció la intención de encarar tres “megaproyectos” de exploración en áreas de Oruro y Potosí, para lo cual busca un financiamiento de $us 30 millones. Por otro lado, la Vicepresidencia anunció la pronta concreción de un crédito chino de $us 7.500 millones a ser utilizados, entre otras cosas, en tres proyectos de infraestructura caminera, dos de los cuales tienen que ver con áreas potencialmente interesantes en recursos mineros como son el norte del departamento de La Paz y el norte de la unidad conocida como Escudo Precámbrico en las tierras bajas del país.
El tramo Charazani-Apolo-Tumupasa-Ixiamas-Chivé-Porvenir unirá el norte del departamento de La Paz con Pando; es una centenaria aspiración nacida ya con los albores de la república y frecuentemente exigida en esta columna como un paso que será trascendental, si se concreta, para abrir las tierras del norte e integrarlas a la economía del país. En el caso de Santa Rosa de La Roca-Puerto Villazón-Remanso, no solo se unirán dos departamentos (Santa Cruz y Beni), sino que se abrirá a la investigación un área geológicamente de primer nivel por su potencial minero como es el Escudo Precámbrico y también las tierras ubérrimas todavía inconexas de nuestra Amazonía para integrarlas al circuito agroganadero de las tierras bajas, fin que se reforzará sin duda con el tercer tramo Trinidad-Guayaramerín.
Los proyectos de Comibol, particularmente uno (Santa Isabel en Sud Lípez, Potosí) tienen una larga historia de esfuerzos estatales y privados desde que en los años 80 la Dirección de Exploraciones de Comibol descubrió anomalías geoquímicas importantes de plata, oro, galio, plomo, zinc en una exitosa campaña de exploración geoquímica en las concesiones de la empresa. Después vino la destrucción de la estructura primigenia de Comibol en 1985 y llegó un “boom” de exploraciones privadas en los años 90, muchas empresas vinieron al país, verificaron zonas anómalas como los proyectos de Comibol en Oruro (v.g. Pacocahua en provincia Atahuallpa) y en algunos casos (Santa Isabel) llegaron a armar proyectos de riesgo compartido entre la estatal minera y el capital privado (Samex, La Barca, New World Resource). La historia llega a nuestros días con las empresas interesadas fuera del país o con las barbas en remojo ante la actual perspectiva jurídica e impositiva para el capital privado (CPE y Ley sectorial 535 de 28 de mayo de 2014) y con Comibol queriendo revivir estos emprendimientos.
Con leyes sectoriales restrictivas del capital privado particularmente en minería nadie vendrá de buena gana a invertir en proyectos de Comibol. Quedan alternativas que van desde hacerlo con la estructura y el esfuerzo estatales o, siendo pragmáticos, poner en agenda la adecuación de algunos puntos de la legislatura (v.g. Arts. 352, 357 y 371 de la CPE; 98, 148 de la Ley 535 entre otros) y que norman los regímenes de consulta previa, financiamiento, participación y derechos mineros, a la dinámica actual. De no hacerlo, estas iniciativas quedarán en el archivo ya extenso de buenas intenciones, útiles en tiempos plebiscitarios.
