Los procesos de reingeniería estatal de semejante calado tienden a desarrollarse en al menos dos grandes fases, una primera de debate político y diseño, y otra de implementación, estabilización y ajuste. En la primera el trabajo se desarrolla, esencialmente, en el plano político y busca determinar los grandes cursos de acción, mientras que la segunda se caracteriza más por un debate técnico que con ritmos, escenarios y actores distintos, se aboca a la compleja tarea de trasuntar las decisiones políticas en estructuras organizativas y procesos de gestión, imprescindibles para el cumplimiento de los fines estatales (art. 9 CPE), labor que corresponde a burócratas/tecnócratas, en los que suelen cuajar visiones divergentes acerca de cómo entender los preceptos constitucionales referidos a la estructura y organización territorial del Estado y su funcionamiento, para determinar desde la práctica de la administración las formas, contenidos y alcances que, según el criterio predominante, deberían configurar el modelo.
Ciertamente, la Constitución se compone en su mayor parte de preceptos genéricos con enormes espacios de indeterminación a ser llenados por el aplicador, en este caso, la administración, atribuyéndole así una cuota de poder para influir desde la tecnocracia en la configuración final de los resultados de las reformas, lo que puede ser altamente positivo si es que se cuenta con funcionarios proactivos y adecuadamente formados que a partir de un debate interno aporten con criterio jurídico y administrativo a la decodificación de los significantes indeterminados que subyacen en los textos normativos, generando además el conocimiento para sustentar y estabilizar los cambios, pero también altamente negativo si ocurre lo contrario, con corporaciones de ineficientes funcionarios que en vez de aportar, tienden a limitar, ralentizar y acaso deformar los procesos, con riesgo incluso de llevarlos al fracaso.
La responsabilidad del proceso de construcción de la institucionalidad autonómica es compartida entre políticos y burócratas/tecnócratas, en algunos casos más de estos últimos, pues son los que, al menos en teoría, gozan de los conocimientos. En este marco, será menester que los decisores de todas las instancias y niveles del Estado aprovechen los resultados del referéndum y se tomen un respiro para reflexionar y esbozar medidas de ajuste a partir de un proceso evaluativo que, con fines de mejora, analice en detalle los procesos desarrollados y los resultados hasta ahora obtenidos: a) En el nivel central, su rol de apoyo y seguimiento al proceso; b) En los gobiernos subnacionales, la elaboración y los contenidos de los proyectos de estatutos autonómicos y las cartas orgánicas [incluidos consultores]; y c) En el Tribunal Constitucional Plurinacional, la ejecución de los procesos de control previo de constitucionalidad atañe y la calidad y pertinencia de sus declaraciones constitucionales.
Ningún cambio organizacional se materializa y peor estabiliza sin un aparato burocrático de calidad que lo sostenga de manera eficaz y eficiente, mejor a través de un sistema de carrera administrativa.
