La “revolución judicial” es uno de los principales desafíos de la actual gestión gubernamental, para un sistema en el que la aplicación de justicia sigue asediado por la retardación, la corrupción, la falta de recursos humanos y de infraestructura, y por ende de credibilidad. Ante esto, la que paga los platos rotos es la población, el litigante. El Tribunal Supremo de Justicia señala que solo el año pasado se tramitó 852.400 causas, de las cuales se resolvió el 60%; más todavía, cada año unos 400.000 procesos pasan a la lista de pendientes o remanentes ante la crisis de jueces, vocales o de otro personal.
Y esta semana salió a la luz otro dato preocupante: hay solamente un Juez del Menor que debe atender aproximadamente 5.000 casos en el departamento de La Paz, y se precisan al menos cinco jueces para que estos expedientes sigan su curso normal, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Municipal. Un botón más de muestra que debe servir para impulsar el diseño y la aplicación de políticas que solucionen los problemas de la Justicia, las que, según autoridades, llegarán con la Cumbre Judicial; no obstante, parece que ésta no se realizará este año, tal como se planificó. Es un reto sobre la mesa, ya que de una vez es imperioso un giro en el timón judicial.
