El proyecto de ley de incentivos a la producción petrolera, elaborado por el Órgano Ejecutivo y ahora debatido en el Legislativo, tiene el objetivo de emplear recursos de gobernaciones, municipios y universidades, provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, en proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera con la promesa de un retorno que triplique el aporte inicial.
Este vehículo diseñado para promover la inversión en el sector petrolero y gasífero, además de ser innovador, se constituye en un mecanismo que promueve la participación de las instancias regionales en los proyectos nacionales de ampliación de la capacidad productiva del rubro y con ello de los réditos futuros de manera inclusiva.
Sin embargo, debe quedar claro que el riesgo de hallar más petróleo y gas es mayor en esta fase de la cadena productiva, además de que las perspectivas de aumentos significativos en la cotización de precios del barril son poco probables, lo que hace que las inversiones no se materialicen en retornos con la consecuente pérdida de aportes.
En este sentido, el fondo debiera prever un mecanismo de diversificación y acotación de pérdidas en caso de que el mercado internacional se encuentre estancado y no aumenten las reservas.
