Robar una oveja o violar a una niña recibe un “castigo” equivalente en áreas rurales del país. Con 500 bolivianos, 20 chicotazos o trabajo comunitario, el delincuente queda absuelto. Habrá que decir, cuando menos, que esta es una afrenta a la humanidad, en especial a los más vulnerables. Pero es, sobre todo, otra forma de violación, una encubierta en la Justicia Comunitaria, según información registrada por este diario.
El reconocimiento de este sistema en la Constitución muestra a Bolivia como un Estado progresista y plural, capaz de admitir y promover la convivencia de diversas formas de administración de justicia, pero pretender que este tipo de crímenes se sancione como si se tratase de un delito menor (la ley estipula lo contrario) nos condena a quedar como testigos de casos muy dolorosos para cualquier sociedad.
El progreso se mide también en función del acceso a salud, educación, alimentación y justicia, entre otros derechos constitucionalizados y universales. Los poderes del Estado y otras entidades como el Defensor, Derechos Humanos, las iglesias y organismos internacionales están llamados a condenar este tipo de acciones, pero sobre todo a frenarlas. La tarea sigue pendiente. Mujeres bolivianas, como en países de todos los continentes, corren riesgos.
