En los últimos 15 años aprobaron en La Paz cinco ordenanzas municipales que prohíben que bares, cantinas, licorerías y negocios en los que se consumen bebidas alcohólicas estén ubicados a menos de 100 metros de instituciones educativas y hospitales. Y en los últimos 15 años esas ordenanzas, diseñadas para garantizar la seguridad de los estudiantes y la tranquilidad de los enfermos, fueron burladas sistemáticamente.
Ante la imposibilidad de que las autoridades hagan cumplir lo aprobado, a los afectados por los excesos que se cometen alrededor de esos negocios no les quedó otra alternativa que adoptar medidas extraordinarias para su seguridad.
En algunos establecimientos instalaron costosos sistemas de vigilancia y en otros optaron por contratar empresas de seguridad privada. Los que tienen recursos limitados acudieron a la Policía, al menos para casos de mayor riesgo. Los afectados dicen que sus reclamos fueron escuchados, pero nunca atendidos.
La Razón recorrió el centro paceño y encontró al menos siete unidades educativas que tienen como vecinos a negocios de expendio de bebidas alcohólicas que debieron recibir sanciones y no se hizo nada. Es hora de que esas ordenanzas dejen de ser solo papeles de la burocracia.
