En el contexto del proceso de cambio boliviano hacia una sociedad más justa e incluyente, la inclusión de los homosexuales y de los transexuales parece estar entre las reivindicaciones más rezagadas. Una de las razones para este retraso es el poder que todavía tiene la Iglesia Católica para intervenir en la política para frenar los cambios. Increíblemente, en pleno siglo XXI, funciona todavía como la barrera inexpugnable que impide el reconocimiento pleno de esos derechos humanos. Esto nos obliga a analizar las más recientes argumentaciones esgrimidas.
Contravención de los principios éticos y morales: según un comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana, la propuesta de Ley de Identidad de Género pretendería “subvertir uno de los fundamentos de nuestra convivencia humana, negando la verdad básica y fundamental de lo masculino y femenino. Vivir ‘como varón’ o ‘como mujer’ no sería ya una realidad biológica, sino resultado de una simple elección personal”. El comunicado intenta confundir a la opinión pública sugiriendo que la Iglesia respeta la “realidad biológica”, lo cual es falso. La Iglesia jamás ha reconocido el componente genético que legitima la homosexualidad y la transexualidad (identificación con el sexo opuesto) como algo natural. Muy por el contrario, los deslegitima, relegándolos a una “elección personal”, inmoral y abominable. Si se considera que, en la actualidad, es muy difícil que la Iglesia cometa ese error por ignorancia, lo más probable es que lo haga en forma deliberada para imponer su conservadurismo, aunque sea al costo de seguir dificultándole al ser humano el entendimiento de su propia naturaleza.
Intento de colonización: la Conferencia Episcopal Boliviana también declaró que el mencionado proyecto de ley, que es tratado en la Asamblea Plurinacional, es un intento de “colonización cultural”, porque es ajena a las culturas indígenas de Bolivia. La verdad es que históricamente no existió nada más ajeno a las culturas indígenas que el cristianismo de la cruz y la espada, que con sangre se impuso como el instrumento de las oligarquías imperialistas, para adjudicarle al Dios cristiano la veneración del rico y el sometimiento del pobre. La Iglesia —habiendo sido el instrumento alienador de la colonización para someter al indígena, por temor a ese Dios, al imponerle la humildad que le quitó no solo su espíritu de libertad y su rebeldía, sino también su más elemental mecanismo de reacción y de defensa— tiene ahora el descaro de sugerir que defiende las culturas indígenas.
Que quede claro que la Iglesia Católica, más allá de haber tenido algunos aspectos positivos, fue y sigue siendo un criminal mecanismo de sometimiento y de colonialismo, no solo como instrumento conductor de ideología política conservadora, y de legitimación de la criminalidad oligárquica, sino también mediante la imposición de leyes represivas de los derechos humanos. En pleno siglo XXI, cuando el Papa lucha por limpiar la corrupción de la curia vaticana, el imperialismo cultural de la Iglesia sigue manifestándose en el accionar de curas extranjeros, desplegando agresivas agendas de cabildeo político conservador, contra los cambios propuestos por gobiernos progresistas como el de Bolivia. Quizá a la curia boliviana le haga falta otro jalón de orejas desde Roma.
