Es casi un lugar común decir que en Bolivia existen algunas de las más avanzadas normas, pero al mismo tiempo es difícil que se apliquen. Ocurre en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana y en todas las jurisdicciones: las personas tienden a buscar la trampa antes que el camino de la ley o cuando menos a intentar convertirse en la excepción a la norma. Se puede observar algunas de las peores formas de esta actitud en el ámbito penal, donde el poder económico suele ser empleado para torcer las investigaciones del Ministerio Público o las decisiones de algunos jueces. En el ámbito civil es donde quizá más trampas se hacen en desmedro de personas de buena fe que invierten recursos y esperanza en negocios de toda clase. Y también en el administrativo, ámbito en el cual la amenaza de una multa parece menos temible que otras formas de sanción, y hasta hay quien presupuesta el pago de la sanción entre sus costos. En todos los casos, el resultado es inevitablemente un debilitamiento de la norma, pero sobre todo de la voluntad pública para cumplirla, produciéndose así un círculo vicioso cuyo costo es la depauperación de la institucionalidad. De ahí que es tan importante que todos, pero particularmente quienes están investidos de un mandato popular, sean observantes de la norma, pues su comportamiento es ejemplo para los demás.
