Para nadie debe ser desconocido que en todo el mundo la naturaleza corre uno de los mayores riesgos de toda la historia, pues a la amenaza del cambio climático —fruto de la obra humana— se suma la codicia por especies animales que por ser raras o escasas son buscadas no para favorecer su conservación, sino para poseerlas, habitualmente en forma de trofeos de caza.
Bolivia no es la excepción a ese estado de cosas, y las noticias conocidas en los últimos años dan cuenta de algunas especies nativas que son particularmente apetecidas dentro y fuera del país: las parabas y los jaguares en la región amazónica, y las vicuñas en la andina. La vicuña es un mamífero preciado por su fibra de lana; en el mercado ilegal, el precio del kilo de su lana esquilada va desde Bs 2.200. En el caso del jaguar, los colmillos cuestan Bs 700 por pieza.
Precisamente por ello es que, además de la Constitución Política del Estado, hay dos leyes vigentes que protegen a la fauna silvestre: la 1333, de Medio Ambiente; y la 700, de Defensa de los Animales contra Actos de Crueldad y Maltrato, además de los decretos supremos 22641 y 25458. En ellas se tipifica como delito la caza furtiva y se especifican las sanciones correspondientes.
Fruto de la aplicación de la ley, en los últimos siete años la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, llevó adelante 60 procesos penales por atentar contra la fauna silvestre y actualmente tres personas guardan detención preventiva debido a la caza furtiva de vicuñas. Sin embargo, es evidente que no todos los casos han llegado a los estrados judiciales o siquiera han comenzado a ser investigados.
En el caso de las personas que guardan detención (dos en el penal de Cantumarca, Uyuni, y uno en el de San Pedro, La Paz), el abogado de la Dirección de Biodiversidad informó que las tres detenciones se realizaron en octubre de 2015 con el apoyo de la Policía Forestal y Medio Ambiente (Pofoma), agregando que el resto de los casos están en proceso de archivo por falta de elementos, como la no ubicación de los presuntos culpables o las pruebas insuficientes. En todos los casos, la retardación de la justicia boliviana y el desconocimiento de las normas por parte de ciudadanos y autoridades judiciales son los principales obstáculos para el avance de los procesos a personas que incurren en delitos contra la vida silvestre.
Así, es evidente que el país tiene delante un gran reto en materia de preservación de su fauna silvestre, reconocida en todo el mundo por su enorme diversidad. No basta, pues, con tener leyes excelentes si la población en general las desconoce y si quienes se dedican al tráfico de especies saben que pueden burlar la norma. El futuro depende de adoptar medidas eficaces para cambiar este estado de cosas.
