En 2010 se dijo que la nueva Constitución había creado un formidable escenario de oportunidades para aplicar dispositivos estructurales de transparencia en la gestión pública; sobresalían entre ellos los mecanismos de participación, control social y acceso a la información. Asimismo se creó una suerte de “brazo operativo” para luchar contra la corrupción, el Ministerio de Transparencia, y se aprobaron varias leyes para luchar contra esta plaga: la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz (que el Vicepresidente calificó entonces como el “garrote” contra la corrupción), la Ley de Autonomías, la Ley de Control Social y se proyectó también una (fallida) ley de acceso a la información pública.
Por ello me sorprende que, en días pasados, la Ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción haya atribuido los hechos de corrupción en el Fondo Indígena a la “falta de mecanismos de control interno” y a la ausencia de información entre los propios funcionarios, pues “los beneficiarios no fueron informados y abrieron cuentas individuales”. Propone, en consecuencia, una “solución integral para el corto, mediano y largo plazos, porque el problema de la Justicia es estructural”. ¿Por qué no funcionaron oportunamente los mecanismos ya existentes? ¿Faltó voluntad política? ¿Por qué no actuó de oficio el propio Ministerio de Transparencia? ¿Estamos frente a un hecho aislado o enfrentamos un problema estructural cuyo síntoma es el escándalo del Fondo Indígena?
Hay dos ideas que nos pueden ayudar a comprender este embrollo: la cultura del secreto y la invisibilidad de ciertos hechos de corrupción. El “secretismo” es un viejo hábito del Estado boliviano que no ha podido ser extirpado de cuajo por el proceso de cambio. No es difícil demostrar que la mayoría de las instituciones estatales carecen de sistemas de acceso a la información pública relevante, completa y oportuna; no se asume plenamente que la información es un bien público. En general, la información pública importante no suele revelarse a través de controles internos, sino por medio de denuncias en los medios de comunicación o por “filtraciones” de funcionarios que pertenecen a clanes políticos enemistados.
Aún más grave es la invisibilidad de algunas prácticas de corrupción y que suele revestirse bajo la forma de un intercambio de favores legitimado por nuestra cultura. Según esta lectura antropológica, la corrupción es un delito “invisible”, porque ninguna de las partes involucradas lo considera como una acción inequívocamente inmoral e ilegal. Este fenómeno involucra pues una separación entre el mundo de las normas (el estado aparente, justamente) y el mundo de la política realmente existente, donde predominan complejos dispositivos de solidaridades o complicidades entre clanes, redes familiares, colectivos clientelares y el Estado; y que funciona con relativa eficacia con base en el reconocimiento de posiciones, privilegios y recompensas.
