La disputa política previa al referéndum del 21 de febrero está contribuyendo muy poco al debate razonado de los escenarios políticos e institucionales que surgirán de dicho evento, y tampoco se expresan con claridad las posiciones de las diferentes fuerzas políticas sobre las reformas sustantivas que han quedado pendientes o que serán imprescindibles para enfrentar los problemas que se avecinan en el futuro inmediato.
Las estrategias de las campañas del oficialismo y las distintas corrientes opositoras no incluyen en consecuencia la argumentación imprescindible sobre el verdadero significado del cambio institucional que está en juego, y tampoco el Tribunal Supremo Electoral se ha esmerado en esclarecer a la ciudadanía sobre las repercusiones derivadas de uno u otro resultado. Así por ejemplo, debe ser poca la gente que comprende la prestidigitación que se hace entre repostulación y reelección, siendo que la primera únicamente posibilita la segunda, pero nada más que eso. Si ocurre o no la reelección dependerá en su momento de varios factores.
Para el bando oficialista, hasta ahora todo gira en torno a las figuras personales que ejercen actualmente el poder, por un lado, y de las que lo hicieron en el pasado, por otro. Endiosadas las unas y satanizadas las otras, factores como el contexto internacional, las circunstancias nacionales y las instituciones vigentes en cada caso quedan eliminados por completo de la comparación. Nada resulta rescatable del pasado previo a la era de Evo, y el futuro se presenta en consecuencia como una pura y simple prolongación del presente.
A las campañas de las diversas corrientes políticas y ciudadanas por el No les falta a su vez la adecuada fundamentación jurídica y política de su posición. Se insiste demasiado en que la alternancia constituye el requisito de la democracia, como si se tratara de un derecho adquirido por parte de la oposición. No se enfatiza en cambio que la convocatoria misma al referéndum para una reforma constitucional hecha a medida para dos autoridades en ejercicio constituye, antes que nada, una flagrante violación de la letra constitucional en vigor.
La iniciativa carece por consiguiente de legalidad, no obstante que haya sido aprobada por la mayoría calificada que controla el MAS en la Asamblea Legislativa, y admitida luego por el obsecuente Tribunal Constitucional. Y ese vicio de origen no será reparado con un eventual resultado favorable en el referéndum. De ello no deriva sin embargo ninguna consecuencia legal sobre el ejercicio del poder constitucional por parte del presidente Morales hasta terminar su mandato en enero de 2020. Otra cosa es que una eventual votación mayoritaria por el No provoque una modificación del peculiar estilo de gobernar del Mandatario, así como un paulatino cambio en la constelación de actores estratégicos en los escenarios políticos del país.
Cualquiera que sea el resultado del referéndum, es probable que se instale en el país una dinámica de transformaciones políticas e institucionales, cuya trayectoria y desenlace se entrelazarán con las repercusiones económicas y fiscales que se deriven del nuevo contexto económico internacional.
En ese orden de cosas, preocupa que en los cuadrantes del alineamiento político-ideológico de las corrientes políticas en el país el casillero correspondiente a la izquierda democrática se mantenga todavía vacío, puesto que, en la polarización entre la derecha tradicional y el populismo autoritario, quedan sin representación efectiva los valores de la justicia social, la ética, el humanismo y la solidaridad internacional. Por otra parte, también la democracia se empobrece cuando no existen voces autónomas que contribuyan desde diversas perspectivas al debate abierto de los problemas nacionales y las políticas públicas.
Es economista.
