El jueves, en el camino que une Achocalla con La Paz, los frenos de un minibús fallaron; el chofer, que iba con exceso de velocidad, perdió el control del motorizado, volcó y se despeñó 50 metros. El resultado fueron tres mujeres muertas, que dejan una niña de ocho y un niño de seis en la orfandad, y una adolescente que quedó parapléjica.
No es el primer caso de accidente fatal en esa ruta y el factor común es la imprudencia de los choferes. En la investigación del siniestro, el Ministerio Público descubrió que el chofer es también efectivo de Radio Patrullas 110. Al día siguiente, el investigador del caso fue cambiado, porque se rehusó a recibir soborno. El sábado, el juez que debía disponer las medidas cautelares decidió celebrar la audiencia, que debía ser pública, a puertas cerradas, impidiendo el ingreso de periodistas y con custodia policial, algo inusual en esos casos.
El resultado fue que el causante de la desgracia afrontará su proceso en detención domiciliaria, pese a que la representante de la Fiscalía demostró que no acredita domicilio conocido. El caso ilustra con dramática claridad hasta dónde está insegura la población que emplea el servicio de transporte de pasajeros, pues ni la Policía ni la Fiscalía pueden poner freno a los abusos que cometen quienes cotidianamente olvidan que transportan personas y no carga inerte.
