La última semana ha sido de mucha discusión entre dos encuestas que se han publicado en Bolivia sobre el referéndum constitucional del 21 de febrero a fin de confirmar o rechazar la aceptación popular para que la Asamblea Legislativa Plurinacional cambie el artículo 168 de la Constitución Política del Estado para permitir la tercera reelección del presidente Evo Morales Ayma y del vicepresidente Álvaro García Linera.
Lógicamente cualquier encuesta que se difunda sobre esta votación despertará gran interés en la población, primero por su significación política y económica: la continuidad del Presidente representaría la posibilidad del mantenimiento del statu quo actual aunque, en la realidad, las crecientes dificultades económicas por las caídas de los commodities que sustentan la economía boliviana y la transformación acelerada del panorama político regional influenciarán progresiva y decisivamente sobre el futuro a corto tiempo; y porque la opinión pública es plenamente consciente que si el electorado estuviera mayoritariamente de acuerdo, aunque fuera solo con un voto más, con la posibilidad de cambio constitucional, en realidad estaría aprobando directamente la re-re-reelección, porque el procedimiento legislativo estaría asegurado por la amplia mayoría del oficialismo en la Asamblea. En las dos últimas encuestas difundidas (de Equipos Mori para El Deber y de Ipsos Apoyo para el Grupo ATB) esto se magnifica por la aparente contradicción entre ambas: una da ganador al Sí y otra al No.
Partiendo de la definición que da el Centro de Investigaciones Sociológicas (organismo oficial autónomo español que desde 1963 se dedica al estudio científico de la sociedad, sobre todo a través de encuestas periódicas), una encuesta es “una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una muestra de individuos (…) siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede”.
Sin descartar la importancia de definir el objetivo y las preguntas de ambas encuestas (lo primero especificado por el mismo tema: encontrar los valores de aceptación o rechazo; y lo segundo basado en la fiabilidad profesional de ambos proveedores) ni la hermenéutica de aplicación, nos queda un elemento que puede incidir en la diferenciación de los resultados: la muestra, aunque ésta estadísticamente debería dar resultados similares. Considerando que ambas muestras encuestales se rigieron por la información del Censo 2012 y sus proyecciones, consideraremos que su composición poblacional (grupos etarios, género, nivel socioeconómico, etc.) deben ser similares; por lo tanto, las diferencias se podrían sustentar en las locaciones de investigación: si una de ellas se aplicó en las 10 ciudades principales (las capitales departamentales más El Alto: 55% del padrón) y otra abarcó, además, ciudades intermedias y áreas rurales (muchas conurbanas) o simplemente fueron distintas, el sesgo puede ser importante, más allá de que en las 10 ciudades habita la mayoría del electorado. Lamentablemente las fichas técnicas publicadas solo dejan hacer conjeturas, porque no identifican las demás locaciones.
Una encuesta es una fotografía de un momento preciso en lugares determinados, que puede “moverse” sustancialmente de un tiempo a otro; y peor si la distorsionan, y mucho, los indecisos y los “ocultos”.
