Asistimos a una guerra sin cuartel a menos de dos semanas del referéndum que definirá si se modifica o no la Constitución para una eventual repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera en 2019. Las redes sociales y los medios de información se inundan de noticias que, por la cercanía de la justa electoral, saben a propaganda.
Tratándose del oficialismo y la oposición, y con el protagonismo de periodistas y asimilados en el oficio, nada aparenta casual. Estas últimas semanas al menos tres temas polémicos han copado la radio, la televisión, los diarios y las redes sociales: la factura del “corte de pelo y masaje capilar” de Evo Morales, la libreta del vicepresidente Álvaro García Linera y, ahora, el caso de la expareja del Presidente, el hijo fallecido de ambos y su vínculo con una empresa china.
No hay que ser ingenuos, tienen connotaciones políticas; si no, cómo se explica que aparezcan en el último tramo de las campañas por el Sí y por el No. Secundado por el peluquero, el ministro Juan Ramón Quintana desmintió que su despacho haya pagado Bs 1.400 por el servicio al Mandatario. Sin embargo, la autoridad aprovechó el asunto para arremeter contra el líder opositor Samuel Doria Medina, quien publicó en sus cuentas la “noticia”.
Sobre la libreta, apareció en el blog del periodista Andrés Gómez. Se trataba de una información que señalaba que García Linera, cuando se presentó en 2005 como candidato a la Vicepresidencia, adjuntó su documento fuera de los plazos legales. Furibunda, la autoridad desmintió la versión, insultó de “tontos” y “mentirosos” al colega y a los medios que publicaron la nota y demostró que aquel año la entonces Corte Nacional Electoral amplió el plazo para el trámite.
En su afán de blindar sus datos, el periodista mostró un certificado firmado por un funcionario del actual Tribunal Supremo Electoral (TSE) —y tramitado por un delegado de la opositora Unidad Nacional (UN)— que, en apariencia, sustentaba los datos. Horas después, el TSE, de manera institucional, demostró con citas de normas y resoluciones que en 2005 sí hubo ampliación de los plazos, con las que se daba la razón a García Linera.
Aunque en la copia que mostró Gómez estaban mutilados los datos del tramitador del certificado, quizás para resguardar la fuente, el periodista se mantuvo con su posición, con el alegato de que el documento que publicó era oficial. Pero la información no era reservada ni escondida que ameritara una certificación; era pública y conocida, bastaba con revisarla y contrastarla.
Del caso de Gabriela Zapata, expareja de Morales, queda mucho por investigar. Desde que se supo de parte de Carlos Valverde, ahora en el rol de periodista, por lo menos hay dudas sobre cómo pudo la mujer ser parte de CAMC, una compañía china con grandes negocios en el país. Aunque a la mala en algunos casos, como la publicación de un certificado de nacimiento de un niño, el periodismo ahora escudriña todo, desde la vivienda donde vive ella hasta el supuesto lujoso colegio del menor fallecido, en desmedro del fondo del asunto, el de descartar o ratificar con oficio la sentencia de Valverde: tráfico de influencias.
Pero el imaginario público y los medios de información ya consumen esos hechos, que hacen de la noticia propaganda, como todo lo que hace el Gobierno a manera de gestión.
Es periodista.
