El bloqueo de caminos realizado por el sector del transporte pesado surge como respuesta al supuesto exceso de la “carga” tributaria al que son sujetos por parte del Servicios de Impuestos Nacionales (SIN), aspecto que tiene que ser analizado con mucha cautela técnica para afirmar o refutar su posición en cuanto al pago “injusto” de tributos que realiza este sector.
Más allá de las alícuotas y los porcentajes impositivos que siempre pueden ser revisados, existe un hecho que debe ser evaluado antes de tomar una decisión respecto a la posibilidad de negociar (o ceder) ante la presión bloqueadora de las principales carreteras del país, protagonizada por los afiliados a la Cámara Boliviana de Transporte Internacional. A saber: el brindar prerrogativas tributarias a ese sector abriría la puerta para que otros emprendan las mismas acciones, cerrando el paso en los mismos tramos carreteros, pero ya no con camiones, sino con piedras, troncos y llantas quemadas, en demanda de un trato impositivo similar; lo que daría lugar a una espiral de aspiraciones en pro de algún recorte tributario.
No sobra recordar que es una condición de la sociedad organizada que todos los ciudadanos paguen impuestos, de tal manera que esta recaudación retorne posteriormente en forma de escuelas, hospitales, defensa, seguridad y carreteras, entre otros servicios públicos imprescindibles para el funcionamiento de las sociedades. De allí que si el Gobierno cede a las actuales presiones de los transportistas, existe la posibilidad de que otros sectores, al son de trompetas y consignas antitributarias, convoquen a sus bases para obtener exenciones, y con ello la carga tributaria recaería únicamente en los ciudadanos de a pie y en las empresas que carecen de poder para movilizar masas, quebrando de esta manera el principio fundamental de equidad impositiva.
Si bien resulta poco racional que una vendedora de leche, que gana centavos por cada litro que comercializa, reciba una multa de Bs 3 millones por no pagar impuestos, tampoco es racional que todo un sector económicamente solvente como el del transporte pesado nacional e internacional hiera al erario nacional con un recorte aproximado de Bs 500 millones, según estimaciones del Ministerio de Economía, considerando que las actividades que realizan son relativamente estables y que los volúmenes de carga de importación y exportación se mantienen prácticamente sin alteraciones.
Esta situación también debería ser leída por el SIN como un llamado de alerta, pues si bien ha logrado un notable grado de eficiencia recaudatoria, no debe olvidar la importancia de realizar campañas sostenidas para promover una cultura tributaria, a tiempo de efectuar cobros y fiscalizaciones con igual intensidad y empeño en todos los ámbitos de la actividad económica nacional.
