En la comparación con los países vecinos, las cifras macroeconómicas le otorgan una posición envidiable al país, no obstante las caídas en el valor de las exportaciones y de las reservas internacionales, y el nivel alcanzado por el déficit fiscal. En términos de tasa de crecimiento de las actividades económicas y de ritmo inflacionario, Bolivia se ha ubicado en los primeros lugares de América Latina, y es probable que este año se mantenga todavía en esa posición.
Ocurre, sin embargo, que las crisis ya reveladas no se manifiestan en el ámbito macroeconómico y, por eso mismo, no existen indicadores que permitan hacer un seguimiento objetivo de los diferentes momentos en que se gesta la crisis, adquiere mayor intensidad, alcanza su apogeo, se debilita y, finalmente, se extingue o se entrelaza con otra crisis.
Se carece de una caja de herramientas analíticas para examinar la evolución de la crisis de confianza, de la crisis institucional, de la crisis de liderazgo, de la crisis de futuro, así como de la crisis de la cohesión social, para mencionar algunas a título de ejemplo. Y tales son las crisis que deberían preocuparnos más que nada cuando faltan pocos días para la realización del referéndum constitucional. Aunque los indicadores macroeconómicos no reflejan toda la situación de la economía, y nada dicen sobre la situación de los sectores productivos, ni sobre las condiciones del mercado laboral, ni tampoco sobre la calidad de los servicios de salud y educación, existen suficientes argumentos para afirmar que no son estos aspectos los que aumentarán paulatinamente la conflictividad social y generarán los mayores desafíos para la gestión de las políticas públicas, al menos en este año.
El malestar social creciente y su probable manifestación en las urnas dentro de una semana tienen que ver más con el rechazo a la acelerada degradación de los valores morales y el descrédito de las instituciones que con el impacto de una crisis económica que recién comienza. La ciudadanía está cansada de la gestión prebendal; de las mentiras que escuchan a diario de ambos bandos políticos con ocasión de los pequeños, medianos y grandes escándalos de la corrupción; del uso abusivo de los recursos públicos para el enriquecimiento personal o para campañas proselitistas que no deberían ser financiadas con fondos públicos. Se puede sostener además que la inseguridad ciudadana ha adquirido paulatinamente más importancia para la gente que temas como el empleo o la pobreza, que antes ocupaban el primer lugar en el catálogo de las preocupaciones ciudadanas.
Todo esto contrasta con las conductas y estrategias políticas del oficialismo y de la oposición oficial de cara al próximo referéndum. En pocas ocasiones se ha dado semejante asimetría de protagonistas y argumentos, puesto que el aparato público con todos sus recursos opera de un lado, contraviniendo las correspondientes prohibiciones, para convertir una consulta constitucional en un plebiscito sobre la persona del presidente Morales; mientras que en el otro lado prolifera un conjunto de acciones descentralizadas que utiliza principalmente las redes sociales para sus consignas en medio de mensajes de mal gusto. En ausencia de adversarios claramente identificables, los estrategas oficialistas inventan conspiraciones truculentas orientadas a generar miedo en la gente, sin darse cuenta que remover esos fantasmas resulta altamente contraproducente para ellos mismos, aunque solo fuera porque ya llevan diez años a cargo del poder más concentrado de todo el ciclo democrático iniciado hace 35 años.
Es poco probable, por tanto, que las autoridades adopten las medidas apropiadas cuando de verdad se presenten las manifestaciones de la crisis externa, lo que requerirá entre otras cosas un esfuerzo genuino y honesto de diálogo nacional.
Es economista.
