Nunca mejor aplicado aquello de que quien siembra vientos, cosechará tempestades. Durante décadas la sociedad fue permisiva en el fortalecimiento de un sistema irregular de relaciones entre el poder y algunas instituciones y personas de El Alto. La degradación viene de lejos y, como suele ocurrir con estos procesos, de a poco lo irregular se va convirtiendo en la regla, hasta “casi” parecer normal; incluso legal.
Sobre todo desde la Alcaldía de El Alto se fomentó una relación enferma con algunas organizaciones sociales y sus dirigentes. Se llegó a extremos como permitir que juntas de vecinos sean las que den el visto bueno y le pongan el sello a cualquier solicitud del vecino para acceder a instalación de agua potable o energía eléctrica, aprobación de planos de construcción, e incluso de instalación de gas natural a domicilio. O la concesión de puestos de venta en las calles de la ciudad, donde el Gobierno Municipal cedió sus derechos y obligaciones a dirigentes vecinales.
Con tanto poder, algunas instituciones sociales y/o personas cayeron en lo obvio: el abuso, el exceso. Se llegó a cobrar en moneda o especie a los vecinos. De a poco, la extorsión al vecino en que incurrieron algunos dirigentes se fue convirtiendo en la regla, en lo normal. El dirigente logró un poder extraordinario. Con todos los hilos en la mano, podía manipular al vecino y, por ejemplo, obligarlo a participar de movilizaciones bajo sanción económica o, peor, bajo amenaza de sanciones drásticas que tenían que ver con su propia calidad de vida y subsistencia como disponer de los puestos de venta o de servicios básicos.
Pero eso no fue todo. Algunas instituciones y dirigentes, en el ejercicio de ese poder, también obtuvieron cupos de cargos en la Alcaldía y crearon empresas para adjudicarse las obras urbanas. El resultado está a la vista, sobre todo por las decenas de calles y avenidas bloqueadas durante meses y años por promontorios de tierra, obras mal ejecutadas, a medio ejecutar y líos judiciales que desgastan y debilitan a las instituciones. El más básico razonamiento es: ¿cómo se explica que haya tanto problema de circulación en una ciudad con avenidas y calles tan amplias como las que tiene El Alto y nadie reclame?
Ahora la sociedad boliviana paga un precio extremo, de seis vidas, y el terror de decenas de personas en los sucesos del último miércoles. Lo peor ya ocurrió, pero puede no ser lo último, si el tema se ideologiza y politiza. La única verdad absoluta en estos casos es que los privilegiados no van a renunciar a sus privilegios. Además, tienen dinero para defenderlos.
Ahora se demuestra, una vez más, que es urgente, cuestión de vida o muerte, desmontar la estructura de corrupción que desde hace décadas rodea a la Alcaldía de El Alto. Una oportunidad fue y es la administración de su primera alcaldesa. Y también una oportunidad para el Gobierno nacional de profundizar en la lucha contra la corrupción. La reacción ideal sería abstraernos de los colores políticos para que los canallas queden en evidencia y solos, sin ningún tipo de amparo ni ventaja; para que así, este nuevo sufrimiento y sacrificios no sean en vano.
Es periodista.
