Lo oficial y lo oficioso, la distinción entre ambos términos debería ser la premisa mayor de las disciplinas sociales que aspiran a comprender cómo funciona “realmente” el Estado. Lo oficial es el mandato jurídico que autoriza a un partido político el ejercicio legítimo del poder, conforme a reglas claras; en cambio, la palabra “oficioso” solo se comprende por contraposición al ámbito oficial y alude al poder fáctico que ejercen grupos pequeños, pero fuertemente cohesionados por lealtades de amistad, familia o interés económico. Los grupos oficiales son públicos, los oficiosos, invisibles.
Tramas, así llaman a estos grupos oficiosos en España, sabrosa palabra por cierto, pues connota intriga, sombra y telaraña. Cripto-gobierno, sub-gobierno, supra-poder, aparato paralelo, cleptocracia son otras etiquetas acuñadas por las ciencias políticas —y por el sentido común— para dar forma a los poderes invisibles que viven enquistados en los Estados democráticos. Las vacilaciones de nomenclatura son un indicador de lo poco que conocemos de estas redes, pues ellas actúan en las sombras, como una amenaza fantasma.
En Bolivia también tenemos nuestras tramas. Lo primero que llama la atención de ellas no es precisamente su carácter incorpóreo y siniestro, sino el hecho que cohabiten con la democracia y el Estado de derecho. El contrasentido es doble. Primero, porque los poderes invisibles son la antítesis del gobierno democrático representativo, considerando que uno de los sentidos del término representación consiste en “hacer visible” lo que, de otra forma, sería algo abstracto o difuso, es decir el poder del pueblo que se visibiliza por medio de sus representantes y sus instituciones oficiales.
Segundo, porque la democracia es supuestamente “el gobierno del poder público en público”. Y con esta alambicada frase, que pertenece a Norberto Bobbio, quiero señalar que los actos de los gobernantes son legítimos y justificables solo en la medida en que son de conocimiento de la comunidad de ciudadanos. Por el contrario, los grupos oficiosos actúan en el más estricto secreto.
El principal recurso de estas redes de influencia, su poder, es su habilidad para mimetizarse en la burocracia, en los intersticios del Estado (que son los espacios estratégicos de decisión), para actuar investidas con la autoridad y la legalidad pública, aunque sus fines son ciertamente ilegales. En realidad, como lo demuestra el caso de la trama presuntamente dirigida por Gabriela Zapata (la más enigmática de todas), las redes oficiosas solo se diferencian del aparato oficial cuando son descubiertas, entonces se pone en evidencia la doble realidad del poder: una, la aparente y oficial; la otra, oculta, un poder sin rostro, mimético, enmascarado. ¿Dónde reside entonces el verdadero poder?
En la Bolivia que imaginan nuestros actuales gobernantes es obviamente imposible que existan esos poderes invisibles. Solo existe la “micro corrupción”. ¿Cómo podrían ser posibles esas hipótesis si contamos con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Ministerio de Transparencia, los reglamentos de contrataciones y adjudicaciones y la Ley de Control Social?
Pero lo que en verdad me preocupa no es mera constatación de poderes ocultos, mimetizados en el Estado, eso sería poco menos que una banalidad; lo inquietante y peligroso es la sospecha de que el poder público las oculta; es decir, que al ampararse éste en la cultura del secreto termina por cobijar esas fuerzas invisibles, que poco a poco carcomen su propia legitimidad.
