Las metas que se han anunciado oficialmente la semana pasada en materia de inversiones merecen algunas consideraciones. Se trata de magnitudes que superan largamente los promedios del coeficiente de acumulación de capital de cualquier época de bonanza pasada. Para tener una idea de su significado, se puede señalar que las inversiones de los próximos cuatro años equivalen a ponerle dos pisos adicionales a la economía en sus actuales dimensiones. El esfuerzo económico y las exigencias institucionales para tal resultado serían descomunales bajo cualquier circunstancia y mucho más aún si se toma en cuenta el cambio ocurrido en el contexto internacional.
Así como los años pasados se caracterizaron por un alineamiento muy favorable de los astros para el país, ahora existe una situación opuesta, donde se suman cambios relevantes en la economía mundial. La sola tarea de mantener los resultados macroeconómicos de los últimos tres años demandará enormes esfuerzos, y más todavía si se pretende alcanzar metas tan ambiciosas.
Con motivo de la oficialización por ley del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 se han mencionado cifras para las inversiones del sector público que no se compadecen en absoluto de las nuevas restricciones imperantes en el país y en el entorno vecinal.
Resulta poco razonable suponer que todas esas circunstancias y dificultades se pueden contrarrestar con un formidable esfuerzo de inversión pública, acompañado de magnitudes relevantes de inversión extranjera directa. Conviene recordar que esta última tradicionalmente ha estado dirigida hacia la explotación de los recursos naturales, algo que no parece viable en el próximo futuro, al menos mientras se mantengan deprimidos los precios internacionales de las materias primas, los productos básicos y la energía.
El problema mayor en materia de inversiones reproductivas en el futuro radica en la falta de coordinación y concertación entre el sector público y el privado. Incluso para alcanzar objetivos cuantitativos mucho más modestos para las inversiones se requieren algunas condiciones que por de pronto no están vigentes.
Se trata, en primer lugar, de que la estrategia económica de mediano plazo debe fundarse en una interpretación correcta de las señales que provienen del exterior en esta nueva coyuntura. En pocas ocasiones como ahora se han entrelazado condicionantes geopolíticos, fragmentación del comercio internacional en varios regímenes diferentes y reducción generalizada del crecimiento de todas las zonas económicas a la mitad de las cifras registradas en el decenio pasado.
Debe tomarse en cuenta, en segundo lugar, que además de su propia lectura de la coyuntura, los agentes económicos establecen sus propias estrategias de gasto e inversión en función de las señales que transmiten el esquema de precios relativos, por una parte, y el presupuesto general del Estado, por otra. Se trata, por supuesto, de fuentes interconectadas de información, ya que se refieren en conjunto a las políticas monetarias y cambiarias, así como a las previsiones del déficit fiscal y sus orígenes diferenciados por el lado del gasto y de los ingresos, respectivamente.
Bajo tales circunstancias, sería recomendable, en tercer lugar, establecer mecanismos eficaces de coordinación sectorial y regional con el sector empresarial privado, así como acordar nuevas condiciones de acceso al financiamiento con el sistema financiero.
Superando los obstáculos ideológicos que se plantearon en el pasado, se podría avanzar hacia un diálogo social sistemático para enfrentar colectivamente los desafíos económicos, mediante el establecimiento simultáneo de un foro de inversiones a largo plazo y de un espacio tripartito de concertación entre el Gobierno, los trabajadores y los empleadores para el corto plazo.
