Tras las acusaciones de corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, la escalada de tensión política y jurídica desatada en Brasil marca un punto y aparte en la historia política de América Latina. Pero hay que ir más allá de las imputaciones para buscar una interpretación histórica que, en mi opinión, es la que da verdadero sentido a todo lo que está sucediendo. Y un aspecto que conforma esa interpretación es el hecho de que, al menos en los últimos 40 años, la reforma ha sustituido a la ruptura en diferentes países del mundo.
Desde el éxito de la Transición en España se cuestiona qué resulta mejor: si el apareamiento con las fuerzas que convivieron con las dictaduras a las que se reemplazaba o la ruptura en profundidad y empezar de cero. En ese sentido, es muy probable que la llegada a la presidencia tanto del primer obrero metalúrgico, en el caso de Lula, como del primer afroamericano, en el caso de Barack Obama, sean los dos ejemplos más representativos. Después de tres intentos, Lula y su Partido de los Trabajadores (PT) llegaron al poder en 2003 mediante un pacto. Primero, con las fuerzas económicas y, después, con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que ha formado parte del poder desde el fin de una dictadura militar de 21 años, con la que también colaboró, pero con el nombre de Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
A partir de ahí la mesa quedó puesta. Y fue en ese ambiente de impunidad en el que nadie pagó por sus culpas, el que permitió que las izquierdas, en nombre de la buena causa, considerasen que también podían incurrir en el incumplimiento de la ley. Iniciado el camino, Lula se puso de acuerdo con sus enemigos de clase para conseguir un hito histórico: sacar a más de 30 millones de ciudadanos de la pobreza y convertirlos en la famosa clase C. Ahora las acusaciones contra él son suficientes para que, sin necesidad de cambiar las leyes, se pretenda destruir su emblemática figura. Y al mismo tiempo, lanzar un mensaje urbi et orbi de que el tiempo de las reformas ha llegado a su fin.
Pero la verdad es que la agresividad de la Fiscalía y la Policía brasileñas, así como el proceso de derribo de las instituciones por parte de Dilma Rousseff, una presidenta que se ridiculiza al criticar a su propio aparato judicial, descalificando la detención violenta de su antecesor en el cargo, pone de manifiesto diversos aspectos. Por una parte, que la historia y los gobernantes no tienen más remedio que atender al clamor popular. Y por otra, que la restitución de la democracia no excluyó la construcción de modelos políticos que, por una buena causa, acabaron en corrupción y excesos del poder.
A Lula se le está persiguiendo en nombre del cambio político no consolidado que supuso la reforma brasileña. A Lula se le persigue, como nunca se persiguió al PMDB. Un partido que primero fue el soporte técnico de situaciones antidemocráticas, después fue el autor de la primera fase de las reformas y, finalmente, abrazó al obrero metalúrgico para que diera un salto histórico. Ahora, fracasadas las instituciones democráticas, hay que reconocer que, en ocasiones, el uso de la ley en manos de las fuerzas políticas es la mejor arma para acabar con los avances históricos.
Aunque esto no solo significa la destrucción del mito y la muerte del ídolo, sino el colapso definitivo del orden institucional brasileño. Y con el expresidente, tan cuestionado por el cuerpo de la ley, el mismo que teóricamente debe obedecer a la Presidenta, la destitución de Rousseff ya está servida. Sin embargo, no hay que menospreciar que ahora en Brasil el que la hace, la paga, sea quien sea. Y en este caso, la ley se aplica contra todo lo que se hizo desde el PT y desde la presidencia para recordar a los pueblos que el precio de los sueños es muy alto y que normalmente los ídolos siempre tienen los pies de barro.
