Nuevamente la cuestión minera está en primera plana en la prensa nacional. Pero no porque haya comenzado un gran auge económico en torno suyo, sino por el contrario, por las dificultades y desórdenes que está sufriendo actualmente, y que además repercute en la contaminación de los ríos y lagos del país.
Evidentemente la crisis económica mundial ha trascendido también en el valor de los minerales, los cuales han descendido notablemente. Y como en nuestro país la mayoría de las minas son explotadas por cooperativistas mineros o por el Estado, los cuales no prevén el futuro y no tienen el sentido del ahorro, esta nueva situación afectará grandemente a nuestra industria minera. Posiblemente dichas explotaciones entren muy pronto en graves dificultades económicas hasta llegar a una verdadera insolvencia.
El caso patético es Huanuni, vieja e histórica mina que se convirtió en una de las bases de la economía nacional durante 80 años. Junto con otras minas importantes, llegó hasta financiar una guerra internacional, la del Chaco. Y cuando se la nacionalizó, fue una de las columnas vertebrales de Comibol, la gran empresa estatal que surgió en los años 50. Cuando Comibol se derrumbó, en los años 80, se entregaron las minas a cooperativistas que no poseían ni capital, ni tecnología, ni profesionales competentes. En consecuencia, esos pobres operarios desde esa época solo están destrozando las minas sin obtener casi ningún beneficio de ellas. Como ejemplo tenemos la explotación del Cerro Rico de Potosí, que determinará que pronto se hunda su zona alta y desaparezca el extraordinario símbolo en que ella se constituyó durante 450 años.
La experiencia de la antigua empresa estatal no ha servido para que la nueva Comibol cambie de programa y de organización. Continúa con los errores del pasado, sobre todo con mantener un excesivo número de trabajadores, los cuales además exigen bonos y beneficios que impiden a la entidad ahorrar para las épocas de crisis. Ésta ya llegó, y ahora se está decidiendo que el Gobierno la subvencione.
Es menester que los bolivianos hagamos conciencia de la absurda situación en que nos encontramos. Somos un país con ingentes riquezas mineras sin explotar o muy mal trabajadas, debido a una errada concepción del término “nacional”. Defender lo nacional no significa ser opuesto al capital o tecnología extranjeros. Y Potosí, el departamento más rico en minas, es paradójicamente el más pobre de la nación.
El país debiera incrementar la inversión en el área minera y atraer capitales extranjeros, como lo hacen los países vecinos, con el fin de levantar la riqueza minera nacional. Y se tiene como ejemplo la gran labor efectuada por la empresa minera San Cristóbal, que ha tributado con cerca de $us 1.000 millones desde que inició sus labores, en octubre de 2007. Además da trabajo a 1.400 empleados directos y a más de 5.000 indirectos.
La explotación desordenada y sin ninguna planificación de la minería está creando además un grave problema ambiental. Se tiene conocimiento de que ya se han contaminado al menos 16 ríos y dos lagos, el Titicaca y el Poopó, poniendo en serio peligro la existencia de la riqueza ictiológica de grandes zonas del país. Además, unas 90 comunidades del altiplano cuyo alimento principal era el pescado están padeciendo los efectos nocivos de la minería.
Mientras continúe la mayoría de las minas en posesión ya sea de miserables cooperativistas o de entidades estatales, el país no podrá crear una gran industria en ese sector como existe en nuestros países vecinos, principalmente Chile y Perú. Por lo tanto, es fundamental que se supere la desconfianza al inversor foráneo y se comprenda que solo con su apoyo económico y técnico se puede levantar esa riqueza y dar paso a una verdadera revolución económica en el país. Bolivia puede y debe constituirse en lo que fue antaño, una de las principales regiones mineras del mundo.
