Hoy, lunes 11 de abril, se espera la votación aprobando el texto del juicio político (impeachment) por parte de la Comisión Especial de la Cámara Baja contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, por “delitos de responsabilidad”, ante el presunto maquillaje de las cuentas públicas. Se trata de un hito más en la crisis brasileña, que parece haberse salido de control, poniendo en riesgo la democracia de la principal economía latinoamericana.
Toda esta confusa historia se inicia en julio de 2013, cuando, en una acción judicial y policial, se da inicio a una operación contra la corrupción que involucra a cerca de 100 políticos, empresarios y administradores: la operación Lava Jato, que en un inicio fue celebrada por muchos, pues dejó al descubierto una red de sobornos y corrupción, desató una cruzada que rápidamente fue aprovechada por las élites de la derecha para desestabilizar el gobierno de Rousseff y bloquear la postulación de Lula da Silva en 2018.
Gradualmente, las investigaciones tomaron un tinte político y la independencia de los jueces se puso en cuestión. Algunos tribunales inferiores, especialmente el juez Sergio Moro, parecen más abocados a tomar venganza contra Dilma y Lula antes que imponer justicia. El juez Moro, cuyos métodos implican un retorcimiento polémico de los códigos y los usos legales, ya ha sido amonestado por el Tribunal Supremo Federal, después de que filtró a la prensa el contenido de conversaciones telefónicas interceptadas entre Rousseff y Lula.
Si antes en el continente las iniciativas golpistas provenían de las Fuerzas Armadas, las élites políticas ahora han encontrado en un sistema de justicia desordenado y politizado el mejor instrumento para frenar los procesos democráticos. Así, según Boaventura de Sousa Santos, ha surgido un nuevo tipo de activismo judicial que se conoce como “judicialización de la política”, y que inevitablemente conduce a la politización de la justicia. Para este analista del caso brasileño, “con el orden jurídico transformado en desorden jurídico, con la democracia secuestrada por el órgano soberano que no es elegido, la vida política y social se convierte en un potencial campo de despojos a merced de aventureros y buitres políticos”.
El caso Dilma, para algunos especialistas, carece de fundamentos jurídicos. Según Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), la apertura de un juicio contra la Presidenta de Brasil no se basa en ninguna acusación de corrupción, por tanto, no hay sostén para avanzar en un proceso de destitución. Así, la Justicia, en complicidad con los medios de comunicación y las élites económicas, llevan adelante un verdadero golpe institucional a la democracia brasileña.
Este terremoto político no es un hecho aislado en América Latina y ya algunos ven señales de una ola conservadora tomando fuerza en el continente. Al mismo tiempo que Dilma y Lula, líderes del Partido de los Trabajadores (PT) pierden popularidad en el Brasil; Argentina abandona más de una década de kirchnerismo al elegir a Mauricio Macri, de centroderecha como su presidente. Solo un mes después, la oposición venezolana obtiene la victoria parlamentaria contra el gobierno de Nicolás Maduro y Evo Morales pierde un referéndum que lo inhabilita como candidato en las próximas elecciones. Si estas señales no son suficientes, recordemos que los peruanos se preparan para elegir un gobierno liderado por Keiko Fujimori, con una plataforma de centroderecha; y en el Ecuador se aproximan las elecciones nacionales, sin Rafael Correa como candidato por su partido, Alianza País. Para muchos, Brasil se cae y en su desplome arrastra a toda la región.
