Instituido por ley en 1998, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) representa desde entonces un alivio para las personas que son afectadas por siniestros viales; en tanto el seguro cubre una prima de hasta Bs 24.000 si la persona resulta herida y una indemnización de Bs 22.000 si fallece. Sin embargo, son varios los problemas que se afronta en su aplicación.
La más reciente edición de nuestro Informe La Razón, publicada el pasado lunes, explora los obstáculos que afrontan, en primer lugar, las víctimas de siniestros y accidentes; en segundo, los prestadores de servicios médicos y, finalmente, las empresas aseguradoras. La combinación de estos obstáculos limita la verdadera efectividad de este tipo de seguros generales, que por convenios internacionales existen en casi todos los países del mundo.
La investigación de este diario permitió identificar que la primera dificultad está en el monto previsto para el pago de los gastos de hospitalización y atención médica, que muy a menudo sobrepasan la cantidad antes mencionada. De darse este caso, puede ocurrir que el centro médico retenga al paciente hasta que pague el total de la deuda o le obligue a aceptar un plan de pagos; pero también sucede que hay clínicas y hospitales que se rehúsan a aceptar víctimas de accidentes; u otras que aumentan los precios de los servicios e insumos para favorecerse o que exigen un pago anticipado; finalmente, hay nosocomios que demoran en la entrega de los certificados médicos, necesarios para tramitar el pago del seguro.
Estas actitudes se entienden (pero no se justifican) cuando se conoce que hay pacientes que huyen cuando no pueden pagar la cuenta; que las aseguradoras ejecutan auditorías médicas e imponen precios referenciales por debajo del arancel o, finalmente, que los responsables de pagar la cuenta cuando supera el monto máximo del seguro evitan, por todos los medios posibles, hacerse cargo de su responsabilidad.
Otra dificultad emerge del hecho de que la Policía a veces no logra identificar a los autores del accidente u otra información necesaria para el informe que debe entregar a la aseguradora como los datos del coche siniestrado. También hay problemas con los plazos establecidos para el trámite, por ejemplo cuando la Justicia debe hacer la declaratoria de herederos en caso de haber pago de indemnización por muerte. Por último, hay una crítica generalizada a la poca información al asegurado que brindan las aseguradoras y la autoridad regulatoria.
Considerando que la venta del SOAT ha representado para las aseguradoras una ganancia de casi $us 50 millones antes de impuestos, y que por ser obligatorio no puede estar librado a las dinámicas del mercado, es razonable pensar que su funcionamiento debe ser continuamente evaluado a fin de introducir mejoras en su reglamentación para asegurar que cumpla su cometido.
