La semana que concluye se inició con el fracaso de la reunión celebrada en la ciudad de Doha, en la que participaron 16 países productores de petróleo con el propósito de formalizar un preacuerdo que habían alcanzado algunos países en febrero para congelar la producción de petróleo a los niveles de enero. Sin embargo, Arabia Saudita exigió que el acuerdo sea firmado por todos los países miembros de la OPEP, lo que no era posible, porque Irán, que no participó de la reunión, rechazó el convenio por considerar que le impediría recuperar participación de mercado luego de que fueran levantadas las sanciones que le impusieran potencias occidentales por sus actividades nucleares.
El fracaso de la reunión no afectó el precio del crudo, que se viene recuperando desde febrero justamente por la expectativa que existía de que los países productores lleguen a un acuerdo para limitar su producción. Una huelga de trabajadores petroleros en Kuwait, que redujo la producción de ese país, y la percepción de que la oferta y demanda avanzan hacia un equilibrio por la caída en la producción de los países no miembros de la OPEP explicarían ese comportamiento, pero podría ser temporal.
Al inicio de la semana también, la Cámara de Diputados del Congreso brasileño aprobó, por una amplia mayoría, elevar al Senado la consideración del inicio de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff por supuestas maniobras realizadas en 2014 y en 2015 con el fin de ocultar el estado del déficit fiscal. En las próximas semanas el Senado decidirá si acepta o rechaza el caso. Entre tanto, pareciera que los inversionistas apuestan a que la Presidenta será procesada y destituida de su cargo, ya que, a pesar de la contracción económica (el PIB se contrajo en 3,8% el 2015 y se estima que se contraerá otro 3,5% este año), la Bolsa de Sao Paulo registró una subida del 30%, y el real continúa recuperando terreno frente al dólar. La expectativa de los inversionistas es que un cambio de mando en el Gobierno permitiría el cambio de política económica que Brasil necesita para reducir su elevado déficit fiscal del 11% del PIB, bajar el desempleo y controlar la inflación, que se encuentran en niveles del 10%, y retomar paulatinamente la senda del crecimiento.
Luego de que una corte de apelaciones en EEUU levantara el último obstáculo que tenía para poder cancelar las obligaciones impagas que mantenía con tenedores de sus bonos públicos a los que había incumplido en 2001, Argentina retornó a los mercados de deuda en la semana que termina luego de 15 años, colocando $us 16.500 millones en bonos soberanos a plazos de entre 3 y 30 años. La demanda, que habría superado los $us 70.000 millones, permitió a Argentina colocar sus bonos —que tienen una calificación de riesgo de B- (por debajo del grado de inversión)— a tasas de interés menores de las inicialmente estimadas. La tasa de los bonos a 10 años plazo, los más demandados, se situó en 7,50%. Los fondos obtenidos por las emisiones serán destinados al pago de los denominados fondos buitre tenedores de los bonos que Argentina incumplió y que no fueron parte de los procesos de reestructuración y al financiamiento de parte de su déficit fiscal.
A pesar del fracaso de la reunión en Doha, que pone en duda una pronta recuperación del precio del petróleo; de los problemas políticos y económicos de Brasil y de la débil economía argentina, pareciera que existe apetito de parte de los inversionistas por asumir riesgos, pero claro está, a cambio de buenos retornos.
