Luego de 35 días de peregrinaje, la caravana de las personas con discapacidad arribó anteayer a la sede de gobierno. A lo largo de su recorrido, que se inició en Cochabamba, pasó por Oruro y llegó hasta La Paz, los protagonistas de esta marcha, quienes demandan al Gobierno un bono de discapacidad mensual de Bs 500, recibieron muestras de cariño y la solidaridad de la población.
Huelga recordar que la demanda del mencionado bono se remonta a principios de año, cuando este sector decidió ejecutar medidas de presión como crucificarse en puentes y pasos a nivel o por medio de vigilias para conseguir este beneficio. Sin embargo, el Ejecutivo rechazó su petición, por considerarla financieramente insostenible para las arcas del Estado. Entonces decidieron protagonizar la marcha que culminó el lunes, y si bien muchos abandonaron la travesía por problemas de salud y otros se unieron a mitad del camino, no cabe duda de que se trató de un arduo recorrido. Y no solo por las inclemencias del clima, con vientos, lluvias y fríos extremos en el altiplano, sino también por lo complicado que resulta recorrer 384 kilómetros con limitaciones físicas. De todas maneras, el Gobierno no ha cambiado su postura, ni tampoco las personas con discapacidad, así que el conflicto está aún lejos de resolverse.
Ahora bien, más allá del bono mensual solicitado, esta marcha ha tenido la virtud de sacar a la luz muchas de las dificultades detrás de los beneficios que se supone deberían recibir las personas con discapacidad.
Por ejemplo, en su última columna publicada el domingo en La Razón, el sacerdote jesuita Xavier Albó y Adrián Pérez explican que una de las principales trabas que este sector debe atravesar es la obtención del carnet de discapacidad, documento esencial para garantizar el cumplimiento de sus derechos, como la atención médica gratuita (salvo para tratamientos costosos y prolongados), y poder cobrar el bono anual de Bs 1.000 que actualmente reciben quienes padecen 50% de discapacidad calificada. A pesar de su importancia, Albó y Pérez sostienen que “conseguir ese carnet es costoso, lento y sesgado por diversos intereses burocráticos”.
Y lo propio ocurre con el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad, cuyos requisitos burocráticos (un lugar de comodato, un perfil de diseño y el aval de una organización del sector, entre otros) impiden que más personas con discapacidad se beneficien de estos recursos destinados para la implementación de proyectos productivos.
El incumplimiento del DS 29608 de 2008 que establece que al menos el 4% del personal de las instituciones públicas debería estar conformado por personas con discapacidad, incluidos padres, madres y tutores cuando corresponda, es otra de las deficiencias observadas, tal como constató un seguimiento realizado por la Defensoría del Pueblo. En resumidas cuentas, son varios los aspectos que se deben resolver en esta temática.
