Aunque ha recibido menos atención que el proceso de elección de Defensor del Pueblo, similar trámite para elegir al nuevo Contralor General del Estado está en curso, pero con una dificultad, las y los postulantes no pueden cumplir uno de los requisitos incluidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional: la certificación de no militancia en los últimos 20 años.
En efecto, el Tribunal Supremo Electoral anunció que sus bases de datos solo cubren los últimos 17 años, situación que ha obligado al Legislativo a convocar a sesión de plenaria el martes próximo, en la que se espera que se modifique el punto específico en la convocatoria y el plazo máximo para postular, que podría ser ampliado en cinco días o una semana.
El artículo 214 de la Constitución Política del Estado señala que la Asamblea Legislativa debe seleccionar y posteriormente nombrar, por dos tercios de sus miembros, al Contralor General del Estado; en este caso, para reemplazar a Gabriel Herbas, quien funge como autoridad interina desde el 30 de diciembre de 2008, en virtud de una designación presidencial.
Tal vez por lo específico de las funciones que corresponden al cargo, que además debe ser ocupado por una o un profesional del área, las 59 personas que hasta esta semana habían presentado sus postulaciones recibieron menos cobertura mediática, pero también mantuvieron un perfil más bien discreto, a diferencia de algunas personas que postularon a la Defensoría del Pueblo.
La importancia de la Contraloría General del Estado es muy grande, y aunque no han faltado las críticas al actual Contralor, por su calidad de interino, pero sobre todo por el tiempo que lleva en el cargo, debe decirse que ha sabido cumplir con su función, incluso causando daño a la imagen de algunos militantes del partido en función de gobierno, como ocurrió por ejemplo con la candidata del MAS a la Gobernación de La Paz, quien resultó afectada al conocerse los malos manejos en el Fondo Indígena.
Es, pues, la Contraloría la que da fe de la idoneidad de los trámites que se efectúan en todo el Estado y con éste. Certificando los procesos, indagando de oficio todos los procesos de contratación de bienes y servicios, y un sinfín de actividades establecidas en las leyes que rigen su actividad. Así, la Contraloría es pieza clave en la institucionalidad estatal, y en esa medida, es tan urgente como acertado haber iniciado el proceso para designar a su máxima autoridad ejecutiva.
Por estas mismas razones, tanto los miembros de la comisión legislativa que están a cargo del proceso de recepción y selección de postulaciones como el pleno de la Asamblea tienen la obligación de actuar con la mayor transparencia e idoneidad posibles, evitando cualquier susceptibilidad que pudiera afectar la imagen y credibilidad de quien, finalmente, vaya a ser electo para el puesto.
