Uno de los siete decretos supremos promulgados el 1 de mayo derogó la norma que desde 2012 prohibía el uso y la tenencia de dinamita y de otros materiales explosivos durante las manifestaciones sociales. Esto con el objetivo de “garantizar los derechos a la asociación y libertad de expresión mediante manifestaciones públicas, así como ejercer el derecho a organizarse en sindicatos de las y los trabajadores”, según explica el comunicado gubernamental que acompaña la promulgación del mencionado decreto.
Como era previsible, esta determinación ha provocado posiciones encontradas. Por ejemplo, los mineros han celebrado que se les devuelva la principal “arma” que tienen para defenderse de “los gobiernos neoliberales”, en palabras del Secretario Ejecutivo de la COB.
En cambio, otras voces han calificado el decreto como un “retroceso” respecto a la normativa anterior, ya que el uso de explosivos, además de destruir el ornato público, ha ocasionado no solo heridos, sino también fallecidos en el pasado, sobre todo en enfrentamientos entre mineros. Como corroborando esta posición, el mismo día en el que se aprobó el cuestionado decreto, a un minero de 86 años le explotó una dinamita en la mano durante los festejos que se desa- rrollaron por el Día del Trabajador en Achacachi, accidente que le costó la vida.
