En lo que va del año, el Observatorio de Seguridad Ciudadana ha registrado, con base en datos de la Policía, 388 violaciones en el país; de este número la mitad (193) corresponde a abusos contra menores de edad. Se trata de cifras alarmantes que no deberían pasar desapercibidas, sobre todo tomando en cuenta que, según los especialistas, solo se denuncian el 20% de los ultrajes.
Es decir que de ser correctas tales proyecciones, en el primer trimestre de este 2016 se habrían registrado al menos 1.940 violaciones en el país, 16 por día, siendo las y los menores de edad los más afectados. Una estadística sencillamente escandalosa, más aun tomando en cuenta que la violencia sexual no solo causa heridas físicas, sino que además, y sobre todo, deja cicatrices mentales que muchas veces comprometen la capacidad de las víctimas para aprender y socializar, lo que a la postre deteriora su desarrollo y su salud física y mental. Y esta situación se puede agravar cuando el abusador es la persona que se supone debería garantizar su seguridad y bienestar.
En cuanto a los ultrajes contra las mujeres, muchas de las agresiones sexuales se producen en el contexto de relaciones previas de la víctima, bien en el entorno familiar o el laboral, y la mayoría de las veces quedan impunes, por lo complejo que resulta iniciar y sostener un proceso judicial contra sus agresores.
Ahora bien, el número de violaciones podría ser mucho mayor en el país, ya que el 20% de las denuncias que supuestamente se registran en promedio, según los especialistas, podría ser mucho menor en Bolivia, habida cuenta de la gran desconfianza que manifiesta la población hacia el Órgano Judicial, la Fiscalía y la Policía Nacional. Y es que motivos para desconfiar de las fuerzas del orden sobran. Por ejemplo, tan solo el año pasado 14 efectivos policiales fueron aprendidos por presuntos abusos sexuales (y mejor ni pensar cuántos más habrán quedado en la impunidad). Además, se trata de las tres las instituciones públicas más denunciadas en Bolivia ante la Defensoría del Pueblo por la vulneración de derechos humanos.
Esta lamentable realidad pone en relieve, una vez más, la imperiosa necesidad de reforzar la institucionalidad y la confianza hacia las instituciones responsables de luchar contra los abusos sexuales en general y la violencia sexual contra los niños y niñas en particular, de tal manera que no queden violaciones impunes porque no se denuncian.
Adicionalmente hacen falta campañas individuales y colectivas, con especial incidencia en el ámbito de la educación, orientadas a contrarrestar las condiciones económicas y sociales que hacen posible la persistencia de hechos de esta naturaleza, que se alimentan cotidianamente de una cultura de signo machista en los cuarteles, escuelas, hogares e instituciones —públicas y privadas— del país.
