Tres semanas después de que se encontrase el cuerpo de una mujer enterrado en la celda de su exmarido en Palmasola, salió a la luz pública la desaparición de una bebé de cuatro meses que, según sospechan las autoridades, habría sido asesinada en la cárcel paceña de San Pedro. Ambos hechos ponen en evidencia la inseguridad y descontrol que impera en los penales del país.
El primer caso se dio a conocer el 6 de abril, luego de que un interno, de profesión albañil, que había participado en el entierro del cuerpo de la mujer, un año atrás, decidiese denunciar al autor del crimen, quien cumple una sentencia de 30 años de prisión precisamente por haber asesinado a otra de sus parejas y que se habría negado a cancelarle el dinero comprometido por este “trabajo” ejecutado en el penal cruceño de Palmasola.
El otro hecho salió a la luz pública el 24 de abril, cuando una joven madre denunció a la FELCC la desaparición de su pequeña de cuatro meses, a quien había dejado bajo el cuidado de su padre, otro reo, pero esta vez recluido en el penal de San Pedro.
Según relató la mujer, el 28 de marzo le entregó la bebé a su esposo, quien se encuentra preso por un hecho de violación. Al día siguiente fue a recogerla, pero su pareja le dijo que sus abuelos paternos se la habían llevado hasta los Yungas. Durante unos días esta explicación tranquilizó a la madre, pero como no recibió noticias de su hija, decidió contactarse con sus suegros, quienes le confirmaron que la bebé no estaba ni estuvo bajo su cuidado. Entonces decidió denunciar su desaparición a la Policía. Las autoridades sospechan que la pequeña habría sido asesinada y enterrada dentro del penal paceño, y están realizando investigaciones para corroborar o descartar esta hipótesis.
Ambos hechos ponen en evidencia el tremendo descontrol que impera en las cárceles del país, y que no se limitan a la convivencia entre reclusos, sino también a las visitas y familiares que también residen en los recintos penitenciarios. Consciente de esta inseguridad, el Ministerio de Gobierno está diseñando un proyecto con el propósito de incorporar cámaras de seguridad y otras tecnologías en los penales del país, como el registro biométrico de las visitas y la interferencia de las llamadas.
Se trata sin duda de medidas interesantes que ciertamente podrían contribuir a mejorar la seguridad. Sin embargo, no atacan la raíz del problema: la inexistencia de un sistema carcelario manejado por una unidad independiente de la Policía Nacional, con mandos propios y una formación orientada exclusivamente a la seguridad interna y externa de los penales, con salarios bien remunerados que tomen en cuenta lo difícil y riesgoso de su trabajo, así como también su cercanía a las esferas delincuenciales, tal como ocurre en otros países de la región y el mundo.
