Estamos delante de una judicialización de la política cuando las decisiones centrales de un sistema democrático son tomadas por el Poder Judicial o por un poder político con atribuciones judiciales, como es el caso del Órgano Legislativo, cuando debe autorizar el juzgamiento de un presidente. En estos casos, las actividades que son propias del campo jurídico (como ser audiencias públicas, indagatorias, votaciones y posibles procesamientos) se vuelven parte central del espacio político y a la vez el tema central de los noticieros y de las redes sociales. La judicialización de la política coloca la escena de un supuesto crimen como espectáculo, logrando de esta manera una teatralización exagerada y melodramática.
Este fenómeno no es nuevo; sin embargo, resulta interesante analizarlo como parte de una secuencia de procesos que se llevan a cabo en Argentina, Brasil, Venezuela y los intentos que hubo en Bolivia, donde no solo se intenta judicializar el campo político, sino que además los noticieros se convierten en grandes eventos y shows mediáticos.
Las acusaciones penales más comunes en esta corriente de judicialización de la política tienen que ver con delitos de administración fraudulenta o defraudación. En el caso de Argentina, con base en el Art. 173 del Código Penal, y en el caso de Brasil, conforme a la Ley 1079 de 1950; tipos penales que vienen de reformas inspiradas en el derecho penal alemán e italiano, que se basaban en una concepción totalitaria que suponía una completa identificación entre Estado e individuo. En estos casos, la fidelidad política es también una fidelidad moral. Por ello, en el fondo las acusaciones que se basan en estos delitos de administración fraudulenta no tratan solo sobre un comportamiento, sino sobre la moralidad del sujeto que lleva a cabo ese comportamiento, de esta manera se intenta atacar a la figura misma de los mandatarios.
En Bolivia, el intento de judicialización de la política se encuentra en el caso Zapata, mediante el cual se dio a entender que el Presidente habría beneficiado a un tercero con contratos millonarios. Si prestamos atención, se trata de una acusación similar a la que se sucedió contra las presidentas de Argentina y Brasil, y al igual que en estos casos se trató de afectar la figura moral del Presidente bajo la idea de que hubiera una administración fraudulenta y un enriquecimiento de terceros.
Judicializar la política es una estrategia política; a veces directa o indirecta, de un sector o de todos los actores políticos, pero siempre debe ser tomada como parte de una estrategia política; y uno de los aspectos inevitables de la judicialización de la política es su efecto boomerang: la politización del Poder Judicial.
