María ahora puede ser Mario, la Ley de Identidad de Género lo permite y es un gran avance en la ampliación de nuestros derechos civiles. La iniciativa asume que nuestra identificación de género es una vivencia personal que puede o no corresponder al sexo biológico del nacimiento y, por tanto, reconoce el derecho de las personas transgénero y transexuales a una identidad apropiada con su propia autopercepción. Por ello, hombres y mujeres celebramos este logro como un avance sobre las mentalidades machistas que asumen una sola forma de ser varón o mujer.
La iniciativa, impulsada por diversos grupos del movimiento LGBT y presentada a la Asamblea por la ministra de Justicia, Virginia Velasco, fortalece el ejercicio de los derechos humanos de una de las poblaciones más discriminadas y estigmatizadas de nuestra sociedad. Todavía en nuestro país la opción sexual provoca despidos injustificados, arrestos arbitrarios, sometimiento involuntario a tratamientos psicológicos, terapias de “conversión”, presión social para la deserción escolar, sometimiento físico y crímenes de odio.
La ley establece el procedimiento para el cambio de nombre e imagen de las personas en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad. Si bien se trata de una medida reglamentaria que operativiza derechos ya reconocidos por la Constitución Política del Estado y la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la normativa aprobada es un avance político importante del movimiento LGBT.
La norma establece el procedimiento y tiempos requeridos para un trámite irreversible y que solo alcanzará a los que ostenten la nacionalidad boliviana. Según la presidenta nacional del colectivo TLGB, Laura Álvarez, la ley beneficiará a cerca de 1.500 personas “visibles” de esa organización, sin contar a todas aquellas que prefieren el anonimato.
Esta norma encontró apoyo tanto en el oficialismo como en la oposición. La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero recordó que este no es debate moralista entre conservadores y progresistas, sino sobre el cumplimiento del Estado de aplicar los derechos humanos.
A su vez, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, sostuvo que se trata de una ley que permite devolverle la posibilidad de la felicidad a cientos de personas que sufren discriminación y violencia. En la misma línea, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría aseguró que se trata de una posibilidad histórica para avanzar en temas de igualdad, dignidad y de derechos que hacen a la condición de seres humanos.
Estas visiones se contraponen a expresiones recientes de las iglesias que rechazaron la ley. El secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, Aurelio Pesoa, declaró que la elección del género “contraviene los principios de la ética y de la moral evangélica aunque se amparen en la legislación internacional”, cerrando su dogmática posición con “no se puede violar la integridad física de una persona para el tratamiento de un mal de origen psíquico”, asumiendo una posición del siglo pasado.
Más allá de controversias teológicas que solo deberían afectar a sus creyentes, nos queda aún un largo camino para cambiar las ideas y creencias en torno a este colectivo de bolivianos y bolivianas que merecen nuestro respeto y aprecio. Es de esperar que el siguiente avance sea la legalidad del matrimonio de personas del mismo sexo; entonces me convenceré de que vivo en un Estado laico que defiende la pluralidad en todas sus facetas.
