En los últimos cuatro días, igual número de mujeres fueron asesinadas por sus respectivas parejas en la ciudad de La Paz, y en todo el país el número de feminicidios suma al menos 40 en lo que va del año. De seguir esta tendencia, el 2016 superará con creces la cantidad de asesinatos de esta naturaleza registrados en 2015 (93), delitos tanto más execrables por cuanto no solo truncan proyectos de vida, sino que además destruyen familias enteras y dejan en la orfandad a cientos de niños y niñas.
Estas cifras son un claro ejemplo de que la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada en marzo de 2013 precisamente para contrarrestar los feminicidios, no está funcionando a cabalidad. Esto se debe en parte porque no se han destinado los recursos suficientes (institucionales, financieros y humanos) para efectivizar su puesta en práctica, pero también porque está ampliamente comprobado que sanciones más duras contra un delito no contribuyen por sí solas a reducir el índice de criminalidad en ninguna parte del mundo. De allí la importancia de insistir en que este problema se debe combatir atacando las condiciones sociales que hacen posible estos hechos, y que devienen de una cultura de signo machista que no solo tolera la violencia, sino que incluso la promueve.
