Con un foro internacional en Bolivia, se llevó adelante la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación. Bajo el lema “Por una educación de calidad, inversión con responsabilidad”, expertos nacionales y extranjeros analizaron los avances y desafíos en esa área. Las jornadas fueron organizadas por la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación, y se unieron diversas instituciones, colectivos y activistas que reivindican la importancia de la enseñanza. Los que participamos de estas jornadas asumimos la educación como un derecho universal que habilita el ejercicio de los demás derechos, promueve la autonomía personal y genera las bases para el desarrollo económico. Por ello, valoramos la educación como un instrumento poderoso del cambio social.
En cualquier país, para entender la distribución del bienestar es necesario comprender la distribución de los resultados educativos. Por todo ello, fue muy importante evaluar la efectividad de la inversión pública en educación como una fotografía de las prioridades políticas del Estado. En ese sentido, ¿cómo podemos analizar si la inversión en educación es cualitativa y cuantitativamente la adecuada? En Bolivia, como bien expresaron en el foro el Ministro de Educación, la Fundación Jubileo y el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios (Cebem), el problema no es de cantidad de inversión y los desafíos se relacionan más bien con la calidad de dicha inversión.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), una meta de inversión a alcanzar en países en desarrollo es del 8% respecto al PIB. En nuestro país, el último quinquenio tenemos un promedio de inversión cercano al 7,8%. Según datos oficiales, hemos pasado de invertir cerca de Bs 6.000 millones a un presupuesto anual de Bs 21.000 millones. Por otra parte, el sector educación es el más beneficiado en la asignación de recursos públicos por parte del Estado en relación a otros sectores, al recibir 21% del total del gasto corriente (incluyendo universidades). Si bien esta tendencia ha decrecido en los últimos años, se sigue manteniendo muy por encima de la inversión en caminos (12%) y seguridad social (9%).
Frente a este crecimiento en la inversión, vale preguntarse sobre los resultados. Es indudable que el nivel de logro educativo ha mejorado y su distribución se ha hecho más equitativa. La desigualdad ha disminuido y el promedio de escolaridad ha aumentado, lo que da indicios de mejoras en las oportunidades educativas. Sin embargo, pese a la mejora en la desigualdad educativa, ésta sigue siendo alta si se la compara con otros países de la región.
Un reciente estudio en torno a las desigualdades en educación con datos de las encuestas de hogares revela que además de que la exclusión educativa es elevada, un 51% de los estudiantes está en situación potencial de abandono. Este dato nos previene sobre la alta vulnerabilidad de los avances que hemos acumulado en los últimos años si no ponemos atención a la calidad educativa.
Todo esto nos demuestra que la brecha estructural de cobertura educativa y calidad educativa entre poblaciones pobres y no pobres sigue siendo un desafío. Las brechas educativas son problemas que el sistema debe atender con políticas diferenciadas para cumplir sus objetivos de ser una educación única, unitaria y diversa, ya que, sin acceso a una educación de calidad y gratuita, la sociedad profundiza sus niveles de exclusión, segmentación social y perpetúa el círculo de la dependencia económica y la pobreza.
