Macri lo hizo, así se titula un libro de Ediciones Continente en el que profesionales argentinos analizan las medidas de los primeros 100 días de gobierno del novel Presidente de la nación vecina. El libro destaca cómo el nuevo Gobierno, con el objetivo de atraer capitales externos, beneficia a un porcentaje mínimo de “acreedores” especulativos y usureros, que no le prestaron un solo dólar a la Argentina (holdouts de los holdouts), pero que en el mercado especulativo de bonos le demandaron, mediante juicios, sumas exorbitantes, y que el anterior gobierno les peleó durante más de 10 años, logrando negociar con más del 92% de los acreedores en condiciones favorables para la Argentina. En cambio, al poco tiempo de asumir, el gobierno de Macri aceptó la sentencia del juez Griesa de Nueva York, fallo cuestionado por el propio Gobierno de Estados Unidos por cuanto genera un precedente legal que puede afectar a otros emisores de deuda soberana, advertencia que fue difundida en el escrito denominado Amicus.
En otras palabras, el rápido pago a los holdouts (denominados “fondos buitres” por el gobierno de Cristina Fernández) en condiciones onerosas para la Argentina no la liberan de futuras demandas. Al contrario, con este precedente legal aceptado sin tapujos por el gobierno de Macri, la Argentina no habría salido de su condición de deudor que incumplió sus pagos (default), puesto que tiene aún tenedores de bonos emitidos en 2005 y 2010 y que pueden actuar con base en la sentencia del juez Griesa. Tampoco se consideró la aprobación por parte de 136 países en Naciones Unidas de los nueve principios básicos para reestructuraciones de deudas soberanas, en los que se establecen bases para una negociación equitativa.
Otra resolución de “impacto” del gobierno de Macri que afectó significativamente a la población argentina fue la megadevaluación del tipo de cambio en 60%. Con esta medida de shock, el 10% de la población perteneciente a los estratos de más bajos ingresos perdieron el 25% de su poder de compra. Es decir que ahora llevan a casa menos alimentos; esto acompañado por la inflación en los alimentos que causó la mencionada devaluación. Pero la otra cara de esta disposición es la redistribución del ingreso en favor de los exportadores agropecuarios, calculada en $us 4.290 millones si venden lo acopiado y el dólar se mantiene por encima de los 14 pesos argentinos durante 2016, situación que seguramente el gobierno de Macri garantizará.
Estas medidas, sumadas a otras como la reducción de impuestos a la importación de autos de lujo, son un fuerte golpe a la economía de los sectores vulnerables: jubilados, trabajadores, clase media, medianos y pequeños comerciantes e industriales. Hoy por hoy, estas disposiciones han significado para la población una subida del 100% en las tarifas del transporte, más del 300% en agua y electricidad y más del 500% en gas. Al parecer, las tendencias neoliberales en la economía no han aprendido las lecciones que llevaron hace más de 15 años a que la población elija gobiernos progresistas en la región, y que no se puede favorecer solo a los grandes empresarios, con la esperanza de que sean el motor de la economía.
Sin embargo, de acuerdo con lo ocurrido en Argentina, paradójicamente estos gobiernos progresistas tampoco han colmado las expectativas de la población. ¿Será que el camino de medidas sociales en entornos liberales de mercado, que es lo que caracteriza los modelos económicos en la región, no son la respuesta a la pobreza y marginación social, por su aplicación gradual y timorata?
Un nuevo horizonte civilizatorio requiere ser planteado si se quiere avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa e inclusiva, Bolivia lo intentó en su texto constitucional, aunque parece que no es suficiente.
