Los datos estadísticos oficiales sistematizados por el informe El nuevo rostro de Bolivia del PNUD permiten apreciar que las condiciones de inclusión y exclusión ya no estarían definidas de manera determinante por las diferencias étnicas y raciales.
El ascenso social experimentado por uno de cada dos bolivianos en los últimos años, el crecimiento relativamente sostenido de la economía, el incremento de los ingresos de los trabajadores, el crecimiento de las ciudades y las políticas sociales implementadas por el Gobierno permiten cuestionar aquella relación, muy de sentido común, que establece que un indígena estaría condenado a vivir en condiciones de marginalidad y un k’ara gozará de los beneficios generados por una fallida modernidad. De hecho, esta relación tendía a invisibilizar a quienes por una u otra razón escapaban a esa relación y, sobre todo, a aquellos que en nombre de los excluidos amasaron grandes o modestas fortunas, por encontrarse precisamente incluidos de alguna manera.
Ante esas condiciones, resulta necesario el análisis etnográfico de los incluidos y los excluidos, porque los datos estadísticos no permiten asegurar que los beneficios de este proceso de cambio hayan alcanzado a todos los bolivianos por igual. Así como no se puede afirmar que las políticas sociales beneficien a por lo menos un miembro de cada familia que padece algún tipo de exclusión, del mismo modo no se puede descartar la probabilidad de concentración de esos beneficios en los miembros de una sola familia.
El informe del PNUD hace referencia a dichas contradicciones mediante breves narrativas de vida, sin embargo, no las profundiza. Pero tales historias, aunque no con la misma formalidad, pueden ser corroboradas en el ámbito de la vida cotidiana por cualquier lego, al evidenciar que personas que sin ser indígenas, pero provenientes de las rezagadas clases medias, pasaron a vivir de Vino Tinto a la zona Sur de la ciudad de La Paz y cuentan ahora con cable, internet o se encuentran enganchados a las obligaciones de pagar un auto, dejando de imaginar la realización de este anhelo por las condiciones objetivas de un cambio que les llegó a favorecer. También puede ser corroborado por aquel joven que aspirando a una mejor calidad de vida estudió y supuso que portando un apellido indígena podía acceder más fácilmente a los beneficios otorgados por un gobierno incluyente, pero en la realidad encuentra que ni siquiera puede ser beneficiario de un programa social como Mi Primer Empleo, y por tanto se ve obligado a vender celulares para un comerciante que acaba de lucir sus galas en la entrada del Gran Poder. Un etcétera que da cuenta de este tipo de contradicciones es infinito.
Para el PNUD, esas contradicciones obedecen a la ausencia de cambios en el modelo productivo, cuya estructura carente de diversificación se encontraría sumamente debilitada debido a la alta informalidad. No obstante, el problema tiene que ver también con la persistencia de un modelo que sin llegar a ser plenamente estatista no dejó de ser neoliberal.
Tenemos así un Estado que aplica políticas sociales focalizadas y no de carácter universal para dejar a iniciativa de los propios individuos la solución de sus propias condiciones de exclusión, en la medida en que el mercado incentivaría su superación sobre la base del aprovechamiento de sus propias capacidades. Ello, empero, representa una condición objetiva para el conflicto, porque supone la persistencia del acceso desigual a los bienes y servicios que el incluido buscará asegurar, mientras que el excluido resentirá, a pesar de que el problema de la inclusión y la exclusión no se agota en ese tipo de acceso. Éstos son problemas serios que necesitan ser reflexionados más allá de la entretención.
