Han transcurrido más de 11 meses desde que la Asamblea Departamental envió el estatuto autonómico de Santa Cruz para su control de constitucionalidad, y hasta ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no se pronuncia. Esta demora en el test de constitucionalidad de estatutos y cartas orgánicas no es la excepción, sino la regla. Ello está incidiendo negativamente en el lento avance del proceso autonómico en el país. En el caso del estatuto cruceño, sin embargo, el problema central no radica en los tiempos del TCP, sino en su origen y trámite de adecuación. El estatuto de Santa Cruz, abanderado del proceso autonómico departamental, fue elaborado rápidamente el agitado año 2007 como estrategia para frenar, o al menos “empatar”, el proceso constituyente. Y luego se forzó su aprobación en una consulta convocada y administrada al margen de la ley.
En cuanto al contenido, un estudio alertó que 46 de sus artículos tenían problemas de constitucionalidad, por lo que correspondía su adecuación a la Ley Fundamental vigente. Esta labor tendría que haber sido participativa, pero la bancada de Demócratas, aliada con asambleístas indígenas, aprobó el documento en la Asamblea Departamental sin incluir otras visiones como las del Bloque Oriente. El tema está en debate.
