El 24 de mayo, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó para el 30 de octubre la realización de referéndums municipales y regionales para aprobar cartas orgánicas y estatutos. Días después, la fecha se postergó hasta el 20 de noviembre, cuando entre 30 y 50 gobiernos locales y autonomías indígenas irán a consulta y avanzarán en su autonomía.
En efecto, ya está anunciado que el 12 de agosto se publicará oficialmente la convocatoria a votación popular en todos aquellos territorios autónomos (departamentales, regionales y municipales) que hayan pasado el control de constitucionalidad de sus documentos fundacionales y soliciten al TSE la realización de la consulta en su jurisdicción; para el efecto, también deben negociar con el Ministerio de Economía y Finanzas la entrega de los recursos necesarios.
La era de los referéndums autonómicos en Bolivia, en el marco de la nueva Constitución Política (promulgada en febrero de 2009), se inició recién en 2015 con una consulta deslucida. En septiembre de 2015 tuvo lugar el primer referéndum convocado legalmente para la aprobación de estatutos autonómicos y cartas orgánicas. El resultado fue negativo: cinco departamentos, una autonomía originaria y un municipio dijeron No, en tanto que el Sí solo fue mayoritario en dos municipios y una autonomía indígena.
El nuevo referéndum es fundamental para dar cuenta del avance, o en su caso congelamiento, del proceso autonómico en el país. En el caso de La Paz, tanto la Gobernación como el Gobierno Municipal de la sede de gobierno parecen haber postergado su aspiración autonómica, pues no está previsto que sus documentos vayan a consulta, a diferencia de las cartas orgánicas de Achocalla, Viacha, Malla, Alto Beni, Coroico y Mecapaca. Como sea, la consulta de noviembre debiera generar un amplio y renovado debate sobre el tema, en el que la participación de la sociedad civil recupere los niveles que tuvo en tiempos del debate constitucional.
La postergación de la fecha es fruto de una solicitud del Ministerio de Autonomías, donde se argumentó que, por los tiempos procesales en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), mientras más tiempo haya antes de la convocatoria, más gobiernos subnacionales podrán participar. Asimismo, esta preocupación de ese ministerio impulsó el compromiso de parte del TCP de reducir el trámite de 45 días a solo siete. Esta noticia debe haber causado beneplácito en la Gobernación de Santa Cruz, que denunció días atrás que su proyecto de estatuto espera la aprobación constitucional desde hace 11 meses.
Considerando que de los estatutos y cartas orgánicas depende que los gobiernos subnacionales asuman plenamente sus competencias constitucionales, extraña el retraso que exhibe la gran mayoría de ellos. Urge, pues, que vuelva a activarse el vigor autonomista de hace 10 años.
