No es un término futbolero, aunque en mi época se denominaba blancazo cuando te llegaba la pelota de fútbol a la cara. Tampoco es una expresión discriminatoria, aunque daría a entender que todo lo blanco es legal y lo negro, ilegal. Sin embargo, en el ámbito financiero, blanqueo de capitales y dinero negro son dos términos estrechamente relacionados. Siguiendo esta terminología, hay dos tipos de dinero negro, el procedente de actividades delictivas como el tráfico de drogas, contrabando de armas y el terrorismo; y el dinero que si bien procede de actividades legales no ha sido declarado a la hacienda pública, por el motivo que sea, y que constituye una evasión de impuestos.
El Senado de Argentina convirtió en ley el megaproyecto impulsado por el Gobierno que incluye el blanqueo fiscal y el pago de la deuda a los jubilados, el cual establece las condiciones para la exteriorización del patrimonio no declarado de los ciudadanos, proceso más conocido como “blanqueo”. El llamado sinceramiento fiscal tiene por objeto incentivar la repatriación de capitales que habrían salido de Argentina por “temor a la confiscación” en la etapa del kirchnerismo. Es decir, sería un dinero no tan negro y con una clara justificación ideológica que tiene la venia de los mercados y los bancos.
Las estimaciones de entrada de capitales por este concepto están en el orden de los $us 60.000 millones, según expresó el presidente del HSBC Argentina, un banco internacional con acusaciones y sanciones por lavado de dinero y evasión global, vociferando que “ya hay una lluvia de dólares”. Estimaciones más prudentes como la publicada en Carta Financiera señalan que sería un éxito un blanqueo entre $us 10.000 y 20.000 millones.
Este blanqueo no es una creación macriniana, puesto que en Argentina ya hubo cuatro blanqueos en gobiernos anteriores. A nivel internacional, la historia en el siglo XXI registra muchas experiencias similares como la Australia (2009), varios países de la eurozona —Bélgica (2004), Alemania (2009), Grecia (2010), Italia (2009), Portugal (2010), España (2012)— y el propio Estados Unidos en 2009, entre otros. Empero, según la Carta Financiera, “el único éxito resonante fue el de Italia, que decidió ofrecer una tasa de blanqueo del 5% por cualquier concepto y consiguió exteriorizar € 80.000 millones”.
A nivel mundial existe, por una parte, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) —o Financial Task Force on Money Laundering (FAFT)—, que es un organismo intergubernamental constituido por 35 países, cuyos objetivos son la fijación de normas y promover la efectiva implementación de medidas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades que amenazan la integridad del sistema financiero internacional.
Por otra parte, existe la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es el instrumento multilateral más completo disponible para todas las formas de cooperación fiscal para hacer frente a la evasión y elusión fiscal. Suscrito por 86 jurisdicciones, entre las que no figura Bolivia, es una valiosa herramienta que tienen los gobiernos para luchar contra la evasión offshore, por lo que sería conveniente que el país suscriba este convenio multilateral a propósito de las investigaciones de los Papeles de Panamá que realiza una comisión mixta de la Asamblea Plurinacional. Con este artículo me despido de mis lectores con un hasta siempre.
