El artículo 11 del Reglamento del Escalafón Nacional del Servicio de Educación establece que “no pueden ser admitidos en el ejercicio de la docencia los mayores de 60 años”. Sin embargo, según reconocen los dirigentes del gremio, en el país, tres de cada 10 maestros en ejercicio tienen más de esa edad máxima. Esta situación plantea al menos tres problemas.
Si bien el Ministerio de Educación refuta este porcentaje y asegura que de los 120.000 maestros en ejercicio en realidad solo el 8,8% tiene 60 años o más, y no un tercio como asegura el magisterio, especialistas y dirigentes del sector coinciden en que, más allá de los números, esta situación afecta la calidad educativa.
En efecto, consultados al respecto por este diario, los dirigentes reconocen no solo que hay casos de docentes que llegan a dormirse en clases, perdiendo el control —y el respeto— de su alumnado. La consecuencia evidente es el bajo nivel de aprovechamiento de esos estudiantes, que se refleja en las pruebas de calidad de la educación en el país.
Asociado a este problema está el hecho de que las y los profesores de más edad también son reacios a introducir innovaciones en el aula, comenzando por el nuevo enfoque planteado en la ley educativa Avelino Siñani–Elizardo Pérez, y terminando por el uso de nuevas tecnologías que, como se sabe, no está funcionando pese a que el Estado dotó de computadoras personales para todos los estudiantes de secundaria.
Otro problema igualmente acuciante es el referido a la imposibilidad de las y los nuevos maestros, que ahora se gradúan con título de licenciatura, de encontrar puestos de trabajo disponibles, precisamente porque quienes han llegado a la edad de jubilación —que según la norma es de 55 años para las mujeres y de 58 para los varones— se rehúsan a pasar al sector pasivo. De más está decir que esta imposibilidad de renovar el cuerpo docente del país incide en la imposibilidad de introducir estrategias y técnicas novedosas al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La razón para esta actitud, explican los dirigentes del gremio, está en la baja renta que perciben quienes se jubilan. Según la norma, debería ser equivalente al 70% de los aportes registrados, pero en los hechos, con suerte llegan al 60%. Por ejemplo un docente con 35 años de trabajo recibe un salario de Bs 8.000, pero su renta apenas es de Bs 3.200. Así, de nada sirven las invitaciones que envía el Viceministerio de Educación Regular a los maestros en edad de jubilarse para que inicien su trámite.
Es evidente, pues, que urge diseñar políticas públicas que favorezcan la renovación del cuerpo docente sin afectar la dignidad que corresponde a quienes han entregado su vida al ejercicio de la docencia. La calidad de la educación, y su consiguiente efecto en la formación de las nuevas generaciones, exige una solución a estos problemas.
