Un reciente coloquio sobre la autonomía departamental en Cochabamba me ha sugerido algunas ideas, probablemente triviales, para explicar el estancamiento de esa reforma estatal, una de las promesas más ambiciosas del actual proceso político, y uno de los andamios más fuertes del Estado Plurinacional, por lo menos en la norma constitucional.
La primera idea es que los cochabambinos carecen de una visión compartida sobre la autonomía. Los resultados del referéndum del 20 de septiembre de 2015 lo demuestran con contundencia: el rechazo al proyecto de Estatuto Autonómico alcanzó el 56% de la votación, solo el 35% de la población votó a favor. Como se hace notar con frecuencia, tampoco compartimos una visión sobre el lugar que debe ocupar el departamento en el contexto nacional e internacional, carecemos de una estrategia de desarrollo. Asimismo, nuestra identidad regional es un problema irresuelto, que cada día se torna más complejo.
La segunda idea es que la debilidad del liderazgo político regional constituye el principal obstáculo del llamado “proceso autonomista”. Desde 2005, el MAS ha logrado sucesivas y contundentes victorias electorales en la región que le han permitido concentrar un enorme poder. Paradójicamente, esa fuerza política y social no ha logrado construir un liderazgo político regional con capacidades para impulsar la autonomía desde el poder regional y desde las organizaciones sociales. Las instituciones que deben ejercer la autonomía (la Gobernación y la Asamblea Legislativa Departamental) no pueden romper ni con el chip ideológico del Estado centralista, pero tampoco pueden contrariar las líneas estratégicas y tácticas del Gobierno nacional, marcadamente centralistas.
Y es esa subordinación política la que puede explicar por qué el oficialismo no tuvo una posición clara y proactiva en la campaña para promocionar el estatuto y profundizar el proceso autonómico. Ese tipo de acciones implicarían conflictos y colisiones con el poder central. Es frustrante constatar el temor de contrariar al “centro”, y la falta de ambición de la Asamblea cochabambina en la aprobación de leyes departamentales.
Tercero, las limitaciones de las normas que regulan la implementación de la autonomía y sobre todo la permanente injerencia del Gobierno nacional en la gestión departamental (por medio de leyes nacionales y acciones de supervisión y control a la gestión y los recursos) pueden también explicar la parálisis del proceso.
Finalmente, constato la ausencia de sujeto(s) sociales regionales (empresarios, campesinos, profesionales, entre otros) que promuevan acciones colectivas para proyectar y profundizar la autonomía. Las organizaciones de la sociedad civil no se han apropiado de esta demanda, carecen de un horizonte autonomista o desconfían de sus promesas de transformación. ¿Es posible, entonces, construir autonomía sin actores?
