La semana que termina tuvo, entre otros asuntos sobresalientes en la agenda noticiosa, la implementación de controles más severos en materia de estacionamiento en calles y avenidas de la ciudad. La iniciativa, que merece algunas críticas tanto como elogios, causó malestar en la Policía Boliviana que, como no es habitual, ejerció también estricto control en las calles.
En efecto, luego de que el lunes 25 dos grúas de propiedad de la Alcaldía de La Paz comenzaran con la tarea de recoger y trasladar a un depósito municipal automóviles que estaban estacionados en lugares prohibidos (causando previsible enojo en los infractores que tuvieron que desembolsar Bs 650 para recuperar sus coches), la Policía Boliviana, a través de su Organismo Operativo de Tránsito, desplegó cientos de efectivos en las calles para ejercer control del tránsito e imponer sanciones según dicta el Código y Reglamento de Tránsito, norma que data del gobierno dictatorial de Hugo Banzer, y que convenientemente no ha sido expresamente derogada en la Ley General de Transportes (165) de 2010.
Debería ser una buena noticia que, así sea por celos institucionales, la Policía haya comenzado a ejecutar las tareas que se atribuye a sí misma y que también se le reconocen en la Ley Municipal de Transporte y la Ley 165. El problema es que lo ha comenzado a hacer sin coordinar con el Gobierno Municipal paceño, es decir que se notan los celos institucionales, pero no la claridad en el fin último que debiera perseguir el despliegue de uniformados para controlar y sancionar las inconductas de los conductores.
Así como la Constitución Política del Estado reconoce en su artículo 302 como competencia exclusiva de los gobiernos municipales el “transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación vial, administración y control del tránsito urbano”, la Ley 165 y la Ley Municipal coinciden en que estas tareas, exclusivas del gobierno local, deben ejecutarse en coordinación con la institución verde olivo. Desde hace años, cuando la Alcaldía paceña comenzó a ejecutar su ley de transportes, la Policía hizo ostensible su oposición, al extremo de alguna vez haber tratado de impedir el trabajo municipal. En ese contexto, es poco probable que las partes se avengan a trabajar de forma mancomunada.
El problema del parqueo en sitios prohibidos es mucho más complejo que el solo lograr que las personas dejen de ignorar la prohibición, y pasa tanto por educar, como por brindar alternativas, ora mejorando el transporte masivo de pasajeros, ora construyendo parqueos. Por su parte, la Policía tiene que comprender que su función es dar apoyo en las tareas de tránsito y tráfico urbano. Mientras tanto, ejercicios como el que da lugar a este comentario no pasan de ser artefactos de efecto inmediato, pero no sostenible.
